El Gobierno haitiano denunció hoy, en términos inusualmente duros, las "deportaciones masivas" de haitianos desde la República Dominicana, "que no son solo violaciones de derechos fundamentales, sino además contrarias a las leyes internacionales", en palabras de su embajador ante la ONU, Antonio Rodrigue, ante el Consejo de Seguridad.
El Consejo celebraba una de sus sesiones trimestrales sobre Haití, que sirvió una vez más para constatar la lentitud del proceso político de transición en el país y el deterioro de la seguridad, pero en esa ocasión sirvió de escenario para un rifirrafe diplomático entre haitianos y dominicanos.
En el primer semestre del año, según la Dirección General de Migración de República Dominicana, se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Pero la cifra aumentó exponencialmente en octubre: en los veinte días transcurridos, se han deportado a 27.352 personas al país vecino. El presidente Luis Abinader ha prometido deportar a 10.000 por semana.
El embajador Rodrigue llegó a pedir "solidaridad internacional para poner fin a estas graves violaciones a los derechos humanos, que azuzan la tensión e impiden las relaciones pacíficas entre las dos naciones", tras asegurar que las deportaciones, criticadas por la ONU, son contrarias a los acuerdos firmados entre los dos países.
Al embajador haitiano le respondió el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en términos no menos contundentes: "Mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir", zanjó.
Y abundó en la idea de que la República Dominicana no ha causado los problemas de Haití: "La crisis rampante en Haití es responsabilidad de Haití, agravada por la falta de apoyo de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca fuimos la causa de sus problemas humanitarios, económicos o de seguridad, pese a que seguimos teniendo que lidiar con esta crisis durante décadas, casi en solitario", recordó.
La República Dominicana ha optado por estar presente a nivel ministerial en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a Haití precisamente para llamar la atención a la carga que el país debe asumir como único país con frontera terrestre con Haití, con los consiguientes flujos migratorios que no cesan por la crisis casi crónica del país.
Álvarez ejemplificó con cifras la presión de la inmigración vecina: según él, 147.000 niños haitianos ocupan un pupitre en las escuelas del país, y el 16 % de beneficiarios del sistema público de salud son haitianos. "Hay límites", concluyó.
La ONU, horrorizada por la violencia de las bandas en Haití
"Lamentablemente, la situación se ha agravado" desde julio, dijo ante el Consejo de Seguridad María Isabel Salvador, jefa de la misión de la ONU en el país caribeño.
Salvador recordó el aumento de desplazados internos que en septiembre alcanzó los 700.000, así como el proceso de transición política iniciado en la primavera boreal que "pese a los avances iniciales" se enfrenta ahora "a desafíos importantes, que han transformado la esperanza en una profunda preocupación".
"La seguridad sigue siendo muy frágil, con nuevos picos de violencia aguda", recordó.
En particular, denunció el "aterrador y brutal" ataque en la ciudad de Pont-Sondé que dejó "115 civiles muertos y decenas de heridos" el 3 de octubre, pero también se refirió a una serie de ataques en los últimos días en la capital Puerto Príncipe y más allá, así como a la "brutalidad sin precedentes" de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
"Los haitianos siguen sufriendo en todo el país mientras las actividades de las bandas criminales se intensifican y se extienden más allá de Puerto Príncipe, sembrando el terror y el miedo y desbordando el aparato de seguridad", insistió. Y "la situación humanitaria es aún peor".
En su último informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala que la policía, apoyada en particular por la Misión Multinacional de Asistencia a la Seguridad (MMAS) dirigida por Kenia, ha "lanzado operaciones antipandillas a gran escala" en la capital, pero "sigue teniendo dificultades para mantener el control de estas zonas debido a la falta de personal y recursos".
La MMAS, cuyo mandato se renovó a finales de septiembre por un año más, cuenta en la actualidad con unos 430 efectivos policiales y militares, principalmente kenianos, y se espera la llegada en breve de otros 600 más.
Sin embargo, Salvador lamentó que la "cruel falta de recursos" de la misión "amenaza con impedirle llevar a cabo sus tareas con eficacia".
La ONU está especialmente preocupada por los niños, que constituyen la mitad de los desplazados y son presa de las bandas.
"Estimamos que los niños constituyen entre el 30 y el 50% de los miembros de los grupos armados. Se les utiliza como informadores, cocineros, esclavos sexuales y se les obliga a cometer ellos mismos actos de violencia armada", declaró Catherine Russell, jefa de Unicef.
Y ser niño no les protege necesariamente de la "venganza popular". El informe de Guterres describe cómo un niño de 10 años acusado de ser informador de una banda fue tiroteado y quemado por un grupo de autodefensa en julio.
(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)