Miles de trabajadores que se manifestaron este miércoles en Puerto Príncipe para exigir un aumento del salario mínimo a 1.500 gourdes (15 dólares) fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Nacional.
La de hoy fue la tercera manifestación de ese tipo, después de las que tuvieron lugar en el área metropolitana de la capital la semana pasada.
Los empleados de la Société Nationale des Parcs Industriels (Sonapi) y de los parques Caracol exhibían ramas de árboles y pancartas con lemas reclamando mejores condiciones laborales, al considerar que reciben un salario miserable.
Denunciaron que las autoridades, presuntamente, se han aliado con sus jefes para impedir que les pagaran lo suficiente. Exigen que las autoridades aumenten el salario mínimo de 500 (5 dólares) a 1.500 gourdes (15 dólares) debido a la inflación galopante.
En Haití, 500 gourdes es el precio de dos platos de comida callejera, sin incluir las bebidas.
La multitud fue dispersada por grandes descargas de gases lacrimógenos por parte de los agentes, que impidieron llegara hasta la residencia oficial del primer ministro, Ariel Henry, donde sus dirigentes pensaban exponer sus planteamientos, dijo el sindicalista Dominique Saint-Eloi.
Tras dos días de protestas el 9 y 10 de este febrero, Henry colgó en su cuenta de Twitter un mensaje asegurando que el Consejo Superior de Salarios (CSS) tendría en cuenta las demandas de aumento salarial.
Los trabajadores volvieron hoy a las calles acompañados de otros sectores, especialmente de dirigentes políticos y de una parte de la población, fueron dispersados por la policía en el sector de Delmas.
Los sindicatos del sector han anunciado que las protestas continuarán mañana.
Haití atraviesa una profunda crisis económica, en combinación con una fuerte inestabilidad política que se agudizó con el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio del año pasado.
Unos 4,9 millones de personas, el 43 % de la población del país, requieren ayuda humanitaria, según cálculos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).
El país ha encadenado tres años seguidos de recesión y muchas actividades económicas se han visto afectadas por la violencia de las bandas armadas, las constantes protestas y la inestabilidad política.
Desastres naturales, como el terremoto que causó una gran destrucción en todo el sur del país el pasado agosto, han contribuido a empeorar la situación económica de la población.