La jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, rechazó por improcedente el habeas corpus preventivo sometido por Pedro Vinicio Padovani Báez, propietario de la empresa Transcore Latam, SRL. contra la Dirección Nacional de Investigación (DNI) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El representante legal de Padovani Báez, Carlos Balcácer, explicó que el recurso fue sometido luego de la reciente suspensión del contrato por más de 1,300 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con la finalidad de impedir que su defendido sea sometido a la justicia en caso de que la red semafórica sea apagada.
Según Balcácer, la empresa y su cliente se verían en la obligación de apagar la red semafórica debido a la investigación iniciada por Contrataciones Públicas, ya que al detener el proyecto mientras se realiza la pesquisa, Padovani Báez se ve imposibilitado para cumplir con sus obligaciones financieras y a sus empleados.
Indicó que, a pesar de que la decisión no fue favorable para su cliente y su empresa, la jueza advirtió a los intimados que, en caso de que sea desconectado el sistema de semáforo, estos deben "cumplir y respetar los cambios legales de su defendido”.
El abogado recomendó a la población trabajadora salir temprano de sus hogares mañana, "para que lleguen temprano a su destino", esto debido a que se desconectaría el sistema semafórico, aunque no especificó el momento en el que esto se llevaría a cabo.
Titular del Intrant pide reconsiderar
El pasado lunes 6, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reconsiderar la decisión transitoria de suspender el contrato suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, SRL, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, la cual adoptó tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.
En ese sentido, Beras afirmó que el proceso de licitación para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo fue realizado con "absoluta transparencia" y cumpliendo todo lo que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.