Debido a que la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte López goza de inmunidad parlamentaria, la sentencia condenatoria emitida en su contra por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no será ejecutada de inmediato.
Este privilegio se extenderá hasta el 16 de agosto del año en curso, ya que en estos casos la decisión de despojarjar a un parlamentario de su inmunidad recae en la Cámara de Diputados.
Fue por esta razón que los jueces ordenaron notificar la sentencia al juez de la Ejecución de la Pena de Santiago y al Congreso Nacional.
Mientras Rosa Amalia Pilarte tenga jurisdicción privilegiada puede acudir a Casación en la Suprema Corte de Justicia, pero si al momento de apelar ya no es diputada entonces podrá hacerlo ante la jurisdicción ordinaria.
Por el manejo de recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas de una red criminal, Rosa Amalia Pilarte, diputada saliente de La Vega, fue condenada a cinco años de prisión la tarde del 28 de mayo.
Exactamente, por adquirir varios productos bancarios y utilizarlos para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional.
Pilarte deberá cumplir la sentencia de 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
Esta sentencia fue emitida los jueces Francisco Jérez Mena presidente, Frank Soto, Nancy Salcedo, Francisco Ortega Polanco y María Garabito de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los magistrados fijaron la lectura íntegra para el 19 de junio a las 11:00 de la mañana.
Se le acusa de ser la persona que con los capitales ilícitos de la estructura delictiva adquirió múltiples inmuebles obrando con pleno conocimiento.
Con el fin de ocultar propiedades, las transfirió en su mayoría a nombre de una persona jurídica, en algunos casos por un precio de venta que difieren mucho de su valor de mercado; es decir, precios irrisorios, aseguró la jueza Nancy Salcedo al presentar las motivaciones de la sentencia.
Los tipos penales violados en este caso fueron los artículos 3 numerales 1, 2 y 3; y 9 numerales 1 y 2 de la Ley núm. 155- 17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como también en el artículo 3 literales a y b; 18 y 21 literales a y b de la anterior Ley núm. 72-02.
De acuerdo con la investigación, del Ministerio Público, Pilarte recibió sumas millonarias por parte de la empresa Serví Crédito Gloria Ivette, S.R.L. controlada por los acusados Micky López y José Miguel López Pilarte, esposo e hijo, respectivamente.
Según al órgano persecutor, la diputada por La Vega adquirió varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un circuito de lavado de activos, que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de la red criminal.
Movilizó la suma de 4 mil 418 millones 399 mil 300 pesos, de los cuales colocó en el mercado financiero 2 mil 593 millones, según las investigaciones.
El Ministerio Público había solicitado que le fuera impuesta una condena de 10 años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y el decomiso de algunos bienes que serán propiedad del Estado dominicano.