La condena de ocho años de prisión al empresario Ángel Rondón y de 5 años al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue ratificada hoy por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Fecha:16/06/2021
La Justicia confirmó, además, el descargo del abogado Conrado Pittaluga, para quien el Ministerio Público solicitaba siete años de prisión, y descartó aumentar a 10 los años de reclusión a Díaz Rúa.
Este último, tras salir de la audiencia, calificó el fallo de "vergüenza" y ratificó su inocencia, al insistir en que probó que sus recursos tienen procedencia lícita.
Su abogado, Miguel Valerio, se expresó en similares términos y reveló que de los tres jueces uno votó en contra de la decisión, "lo que quiere decir que es muy probable que la Suprema Corte de Justicia invalide esta sentencia", con lo cual dio por hecho que recurrirán en casación el fallo de este viernes.
El 25 de noviembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rondón Rijo, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, a ocho años de prisión y al extitular de Obras Públicas Díaz Rúa a cinco.
En tanto, absolvió de todos los cargos al expresidente del Senado Andrés Bautista, a los antiguos senadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez y al abogado Pittaluga.
El Ministerio Público apeló la decisión tomada en contra de Díaz Rúa y Pittaluga.
En ese sentido, solicitó al tribunal acoger las imputaciones por lavado contra el exministro, ya que solo fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, y que sea condenado a 10 años de prisión.
El caso Odebrecht investigó el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en República Dominicana y para conseguir la aprobación parlamentaria de la correspondiente financiación de esos proyectos.
La empresa reconoció haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014. En un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, la empresa admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.
La constructora firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar al Estado 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos en el país, monto que aún no desembolsa.