Desde hace unos meses se están conociendo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva las audiencias preliminares de casos de alegada corrupción administrativa. Algunos de los procesos más destacados son los denominados casos Antipulpo y Coral.
Tanto el uno como el otro son macros procesos que han requerido que todos los sujetos procesales que hasta ahora han participado en ambos casos desplieguen esfuerzos extras.
El Poder Judicial no se ha quedado atrás y, a pesar de que el país no cuenta con salas adecuadas para albergar casos que involucran decenas y decenas de imputados, y por ende numerosos miembros de las defensas técnicas de cada uno, más acusadores y víctimas, ha puesto todo su empeño para habilitar espacios físicos idóneos, lo que ha permitido que las audiencias se cumplan regularmente.
¿Pero quiénes son esos jueces que tienen a su cargo la tarea de decidir si enviarán o no estos casos a juicio de fondo?
Las elecciones de estos jueces se realizan mediante sorteos electrónico a cargo de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
En la Operación Coral se encuentra designada la magistrada Yanibet Rivas, jueza titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quién cuenta con una vasta experiencia en el sistema de justicia y se ha destacado en todos los lugares donde le ha correspondido administrarla.
La magistrada Rivas inició su carrera judicial como jueza titular del Juzgado de Paz de Pueblo Viejo, Azua, quedando a disposición en los distritos judiciales de Azua, Bani, San José de Ocoa, y el departamento judicial de San Cristóbal.
Luego, fue suplente de jueces de Primera Instancia en tribunales como la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Juzgados de la Instrucción Ordinario y de Niños, Niñas y Adolescentes, Tribunales Colegiados, entre otros, lo que le permitió formarse en diferentes áreas del Derecho.
Después de dos años de estar en esas demarcaciones (del 2014 al 2016), pasó bajo la modalidad de traslado al Distrito Nacional como jueza de Paz en funciones itinerantes, adscrita a los diez Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción hasta el año 2019, cuando fue ascendida a jueza de Primera Instancia titular del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de Atención Permanente adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Entre los casos de mayor relevancia pública, Yanibet Rivas ha participado en el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en caso Maconi y la audiencia preliminar en el caso Financiero que involucró el fraude de Inversia, que registró más de trescientas víctimas.
También tuvo en sus manos el caso por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción relacionados a este crimen registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Asimismo, fue jueza de control del caso por asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera y de igual manera tuvo incidencia en la parte jurisdiccional de investigación de los hechos de delitos vinculados al narcotráfico que se le atribuyen a César el Abusador.
Con vocación de enseñar lo aprendido, se desempeña como docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y en la Universidad Experimental Félix Adam. En ese mismo orden, imparte y coordina diplomados en el área penal.
Combina la enseñanza con su deber de mantenerse actualizada en los temas de interés jurídicos y de ahí que cuenta con un master en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura, otro master en Derecho procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de que ha realizado diversos talleres, cursos, diplomados, en el área penal y procesal penal.
En el caso Antipulpo, el que se encuentra en estado de fallo, la máximo autoridad es el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción Deiby Timoteo Peguero. Tiene 15 años en el Poder Judicial donde se inició como secretario del Segundo Juzgado de la Instrucción, Distrito Nacional.
Tuvo sus inicios como oficinista en el 2007, motivado por los jueces con los que le correspondió trabajar. En el año 2012 decidió entrar en la Escuela Nacional de la Judicatura. Estuvo en La Vega laborando en el Juzgado de Paz, al igual que en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente y en el Tribunal Colegiado como juez suplente, Además, tiene experiencia en las áreas de Tierra y Laboral.
Cuenta con una maestría en Derecho de Administración Judicial y ha hecho cursos en diversas áreas del derecho, así como de formación especializada tanto en la Escuela Judicial de España como en la Administración de Derecho Penal.
Fue uno de los jueces que conoció el caso de la joven Andreea Celea, por el que condenaron a Gabriel Villanueva a 20 años por asesinato, y estuvo en el Área administrativa del caso José Figueroa Agosto y en la audiencia preliminar Pascual Cabrera.
En el desarrollo del caso Antipulpo, el magistrado Deiby Timoteo Peguero ha tenido que golpear fuertemente su mayete en más de una ocasión para dirimir conflictos que se han presentado en la sala de audiencia.
“Jueces garantistas”
Estos dos jueces son de la misma promoción y cuentan con 35 años de edad. Por sus hojas de vida y de la manera en que motivan sus decisiones se escucha decir en los pasillos de Ciudad Nueva que son “jueces garantistas”.
Estos dos profesionales son parte de una nueva generación de jueces que, a pesar de su juventud, han demostrado que los años no son limitantes para ocupar con solvencia este tipo de puestos en el país.
Llevan el mensaje de que todo profesional del Derecho que logre superar el concurso de oposición para entrar en la Escuela Nacional de la Judicatura y luego cumplir con los dos años del Programa formación a Jueces y Juezas puede convertirse en uno de ellos.