El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales depositó este miércoles una querella contra el empresario Santiago Rodríguez, propietario del restaurante Cueva Bahía de Águila en Pedernales, acusado de agredir a un guardaparque en el ejercicio de sus funciones en la provincia de Pedernales.
El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, indicó que la querella fue depositada ante la fiscalía de esa provincia, por "el abuso cometido por el señor Rodríguez propietario del restaurante Cueva Bahía de Águila en Pedernales, contra el guardaparque Juan Pablo Reyes".
El trabajador del Ministerio de Medio Ambiente, precisa la querella, "fue agredido por el empresario de forma física y verbal el pasado sábado 8 del presente mes, cuando este se dispuso a supervisar una denuncia realizada por los servidores de la boletería de la Cueva, Bahía de las Águilas, quienes denunciaron que los visitantes se quejaban por la molestia y mal olor que provocaron los trabajos de excavación del séptico, realizados por Rodríguez en su negocio".
El guardaparque narró que al acercarse al empresario para hablar sobre la situación se dispuso a grabar y tomar fotos para usarlos como prueba del delito ambiental y en ese momento "el propietario del restaurante lo golpeó y agredió también verbalmente".
“No vamos a permitir este tipo de atropello contra ninguno de nuestros colaboradores y esperamos que este sea un ejemplo que llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó Jorge Mera.
Estos trabajos ordenados por el empresario lo hacía, añade la denuncia, "con un camión succionador que daba mantenimiento a los sépticos de los baños, provocando con esto un hedor insoportable en el entorno, contaminando la zona y causando malestar entre los visitantes que se encontraban en la playa".
La agresión quedó grabada en el móvil del guardaparque, prueba de que el empresario cometió el hecho por el cual se le acusa.
El Ministerio exige todo el peso como lo exige la Ley respectiva: "Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño".