El proyecto legislativo destinado a otorgar un nuevo marco legal al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) se mantiene estancado en la Cámara de Diputados debido a las observaciones formuladas por sectores del sistema financiero, empresarial y multinacional dominicana.
La propuesta de ley, que fue enviada a comisión, tiene como objetivo, entre otras acciones, fortalecer la inteligencia operativa con el fin de apoyar a la justicia en la persecución y prevención del delito de lavado de activos procedentes del tráfico ilegal de drogas y otras fuentes ilícitas, mediante la recopilación de información que puedan brindar el sistema financiero dominicano.
El proyecto que cursa en la Cámara de Diputados establece que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) proporcionará las informaciones requeridas por el DNI, sobre el lavado de activos proveniente del narcotráfico y otros delitos conexos.
“La Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregará la información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia, conforme el procedimiento y las limitaciones de la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, que deroga la Ley núm.72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas[…]”,consigna el artículo 2 párrafo 111 de la normativa pendiente de aprobación.”
Los representantes de entidades bancarias han manifestado su inquietud respecto a la posible aprobación del proyecto en la cámara baja, sin que se haga modificación al artículo 11 de la pieza, lo cual consideran negativo para el sistema financiero. según indicó una fuente vinculada al proyecto.
El proyecto fue introducido por el Poder Ejecutivo y se aprobó en segunda lectura en la Cámara del Senado de la República en abril de 2022; sin embargo, las observaciones emitidas por los sectores financieros y empresariales han retrasado su aprobación.
En lo que respecta al sector empresarial, estos solicitan la modificación también del artículo 11 párrafo 111 de la propuesta legislativa que le permitirá al DNI la recolección de información de carácter público que se encuentran en la base de datos de las empresas.
Así lo establece el referido artículo de la proposición de ley cuando dice:
“Las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones”.
De acuerdo con la pieza legislativa, uno de los objetivos de la iniciativa es que el Estado dominicano disponga de un organismo de inteligencia que desempeñe un papel fundamental en la obtención de información estratégica para enfrentar los obstáculos y amenazas que ponen en peligro la seguridad nacional e interior del país.
El proyecto, que lleva estancado un año y seis meses en la cámara de Diputados, indica que hay amenazas latentes como el terrorismo, el narcotráfico, los ataques cibernéticos; la corrupción administrativa, el tráfico de armas, los crímenes transnacionales y los flujos migratorios irregulares, atentan en contra de la seguridad nacional.
Una vez que se haya aprobado la legislación, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) creará el Sistema Nacional de Inteligencia, el cual estará conformado por todos los organismos investigativos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el propósito de enfrentar tales desafíos, dice el documento.
Bajo el sistema de inteligencia estarán agrupadas las agencias como el J-2 del Ministerio de Defensa, el M-2 de la Armada Dominicana, el A-2 de la Fuerza Aérea, así como el G-2 del Ejército, el CICC de la Dirección Nacional de Control de Drogas; la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL), y otras que puedan contribuir con el sistema por el cúmulo y el tipo de información que manejan.
La creación de dicho sistema está contenida en el artículo 111 de la propuesta legislativa que dice lo siguiente:
“Se crea el Sistema Nacional de Inteligencia como el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional.
La pieza sometida por el Poder Ejecutivo también establece la figura de un contador financiero, quien deberá controlar y supervisar los gastos y la gestión financiera con el fin de garantizar los principios éticos, transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia de los fondos públicos operados por el Sistema Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el artículo 16 del proyecto en curso, los informes que el contralor financiero realice tienen por finalidad verificar el correcto empleo de los fondos para los propósitos a que se han destinado, la eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos a alcanzar y promover la mejora de las técnicas de gestión económico-financiera del organismo.
La Dirección Nacional de Inteligencia persigue, asimismo, establecer su independencia y autonomía funcional. Con el fin de alcanzar este propósito, el director general del organismo elaborará cada año un anteproyecto de presupuesto que será enviado al Presidente de la república para que se incluya en el Presupuesto General del Estado, indica el artículo 23 del proyecto de ley.
Procurando transparentar los fondos destinados a las labores de inteligencia de los organismos que integrarán el Sistema Nacional de Inteligencia, el régimen de contabilidad del DNI será el mismo que regula el sector público. Sostiene que están obligados a rendir cuentas de sus operaciones (gastos) al Presidente de la República en los plazos previstos.
La propuesta legislativa establece que, en casos de que un documento financiero pudiera revelar información confidencial, se procederá a sustituirlo por un certificado de cumplimiento de la normativa actual.