El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña, se reunió con Robert Thomas, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar temas relativos al fortalecimiento de relaciones y colaboración judicial conjunta.

Molina Peña agradeció el apoyo dado por Washington, a través de sus distintas agencias de cooperación, a las iniciativas de transformación de la justicia dominicana e indicó que los jueces y servidores judiciales están comprometidos con la realización de los cambios necesarios que permitan "brindar servicios de manera eficiente y oportuna, teniendo como centro a las personas".

Estabilidad de la democracia dominicana

Por su parte, Robert Thomas valoró la estabilidad de la democracia dominicana, reconociendo que esta se ha convertido en un modelo en la región. Destacó que, en esos avances, el Poder Judicial ha jugado un rol fundamental.

“La seguridad jurídica que ofrece la República Dominicana es un elemento esencial para la inversión extranjera”, destacó Thomas y reiteró el compromiso del Gobierno de Joe Biden de seguir apoyando los programas y proyectos del Poder Judicial, dirigidos a la consolidación de este Poder del Estado.

Durante el encuentro, se presentaron los avances de la justicia dominicana contenidos en el plan estratégico institucional y las prioridades a ser desarrolladas en el año 2023, en el marco de la visión Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas.

Se mostraron los avances relativos a la reducción de la mora judicial en la SCJ y en el Tribunal Superior Administrativo. Se presentaron además los pasos dados en la implementación de la Ley de Uso de Medios Digitales, el progreso del Sistema de Gestión de Casos implementado en el Poder Judicial y en el fortalecimiento de la carrera judicial.

En la reunión se identificaron los distintos programas que formarán parte de la agenda de cooperación interinstitucional. Entre ellos se destacan la optimización del proceso penal, la definición e implementación de mecanismos de solución alternas de conflictos, la transformación digital, la transparencia e integridad en el Poder Judicial y las reformas legislativas necesarias para la modernización de la justicia.