La Policía Nacional coordina sus actividades contra la delincuencia con la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo coordinado por los principales responsables de esas instituciones, y cada semana es conocido y analizado con el presidente de la República.
Los departamentos regionales y provinciales de la Policía Nacional se coordinan con las fiscalías y la DNCD y continuamente trabajan en conjuntos, con estadísticas, tareas previamente acordadas, y realizando actividades que antes no se tomaban en cuenta, según el relato que se presentó este lunes ante medios de comunicación, y en presencia del presidente Luis Abinader.
La Fuerza de Tarea es un grupo de funcionarios que coordina las actividades y que toma decisiones a partir de las estadísticas que se reciben diariamente, y que incluyen las 10 provincias donde más criminalidad se produce, porque representan el 80 por ciento de las actividades criminales.
Esas provincias son Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Altagracia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Duarte, Puerto Plata y La Vega. Dependiendo de las estadísticas, esas provincias cambian de posición.
Se toman en cuenta los delitos contra las personas, violencia, de género, delitos contra la propiedad, tráfico y porte de armas de fuego, delitos juveniles. Un dato ofrecido por Yeni Berenice Reynoso indica que el 83 % de los son protagonizados por personas que tiene menos de 35 años.
Otra atención se tiene sobre el micro tráfico de drogas, que se ha convertido en una pieza clave y que se conecta con muchos otros delitos.
Yeni Berenice Reynoso aclaró que la Operación Halcón, que se realizó en Santiago hace poco no fue improvisada, sino que se inició en el mes de septiembre del 2022, con informaciones e inteligencia, y que posteriormente a las decisiones que se tomaron fue que llegó la amenaza contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Explicó que ahora se tiene, por primera vez en la historia de la Policía Nacional y el Ministerio Público, un registro nacional de prófugos, rebeldes y condenados, y que por esa razón hay más datos e informaciones disponibles en manos de las autoridades.
Dijo que recientemente se dio a conocer la existencia de 903 sentencias de la Suprema Corte de Justicia, con casos decididos como definitivos, con condenas que hay que ejecutar, y que los sentenciados nadie los busca.
Expresó que con la orientación de sus abogados los sentenciados evaden las decisiones judiciales definitivas y esperan que los casos prescriban. Se logra condenar a un violador de la ley, pero los casos prescriben porque a los sentenciados nadie los apresa, y esos casos prescriben.