A pesar de que la jueza del Sexto Juzgado del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, subió al estrado a la hora pautada para continuar con la lectura del expediente en la audiencia preliminar del caso Coral, fue recesada por dos horas para conocer el estado de salud de la imputada Rosa Disla, quien no asistió ante el tribunal.
Luego del tiempo establecido, a la magistrada Rivas le fue informada que la encartada Rosa Disla, fue operada en un hombro en la noche de ayer jueves, razón por la que la jueza ordenó separar el expediente de la imputada, quien es acusada de testaferro.
Sin embargo, el abogado Félix Portes, defensa técnica de la imputada, se opuso a esta decisión.
La magistrada le explicó al Portes que la situación de salud de su clienta está retrasando el proceso, por lo que deberían continuar con la audiencia.
A raíz de esta decisión, Waldo Paulino, abogado del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y del general del Ejército Boanerges Reyes Batista, recusó a la jueza, por lo que la magistrada Yanibet Rivas aplazó la audiencia para el próximo viernes 3 de febrero a las 9:00 de la mañana.
El pasado 20 de enero se recesó la audiencia preliminar, quedando pautada para este viernes, justamente por esta imputada presentar una licencia de cinco días.
Posición del MP ante esta situación
La procuradora de corte Mirna Ortiz indicó que desde un principio la barra de la defensa se propuso suspender la audiencia “para darle largas al conocimiento de este proceso”.
La también coordinadora de Litigación explicó que detrás de todas estas suspensiones de las audiencias "mal intencionadas", se busca esperar los dieciocho meses para pedir el cese de la prisión preventiva.
“Ya los tribunales le han dicho a estos imputados en diversas ocasiones que a los dieciocho meses vencida la prisión preventiva son puestos en libertad y van para su casa”, dijo Ortiz.
La fiscal advirtió a los abogados que esto puede llevarlos a litigio temerario, ya que estas intenciones chocan directamente con los preceptos del Código Procesal Penal.
En este proceso los imputados involucrados son acusados por corrupción administrativa, por los que el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.