El Poder Judicial dominicano ha lanzado su Política de Protección de Datos, una medida para fortalecer la protección del derecho fundamental a la intimidad y la transparencia en el acceso a la información.
La política se aplicará a la publicación de decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de todos los tribunales de la República, resguardando los datos personales prescindibles en las decisiones jurisdiccionales.
Durante el acto de presentación, el juez presidente de la SCJ, Henry Molina, destacó que la nueva política busca que la digitalización e innovación del sistema judicial refuercen los derechos fundamentales en lugar de amenazarlos.
Molina subrayó que la publicación de sentencias y documentos se ajustará a criterios que protejan la privacidad, alineándose con normativas nacionales e internacionales.
La política beneficiará a todas las personas vinculadas a procesos judiciales, promoviendo un manejo respetuoso y seguro de la información personal, según Molina.
El objetivo principal de la política es establecer normas para anonimizar datos personales en el ámbito judicial y ofrecer la posibilidad de aplicar esta protección antes de dictar sentencias, garantizando la tutela judicial efectiva.
Los criterios de anonimización serán flexibles y ajustados a la valoración del juez según la sensibilidad de los datos en cada caso, aplicándose en todos los órganos jurisdiccionales del país.
Luis Henry Molina subrayó que esta medida asegura la confidencialidad de los datos personales en decisiones judiciales, alineándose con normativas nacionales e internacionales.
La nueva política busca establecer criterios uniformes para la disociación de datos personales en las decisiones judiciales publicadas, protegiendo la intimidad y promoviendo la transparencia.
La implementación de esta política se enfocará en mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar un manejo ético y seguro de la información, beneficiando a todos los involucrados en procesos judiciales.
Molina destacó que la medida refuerza una justicia moderna y proactiva, resguardando la privacidad y promoviendo la confianza ciudadana.
La iniciativa, que se ajustará a estándares internacionales, busca proteger datos sensibles de los ciudadanos, evitando revictimizaciones y salvaguardando la integridad de niños, niñas y adolescentes.
En palabras de Molina, “esta política garantiza un trato justo y digno para todos, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos”.