El Poder Judicial, que encabeza la Suprema Corte de Justicia, tiene su propio sistema de comunicación, y en el caso Medusa ha decidido entregar a los medios su propia versión de la decisión del magistrado Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La parte imputada, encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, ha ofrecido su propia versión sobre la decisión del magistrado, mientras que el Ministerio Público, parte acusadora, remitió su versión de la decisión del tribunal.
Cada medio de comunicación hizo su lectura de la extensa sentencia leída por el magistrado entre las 9 de la mañana del viernes y la 1 de la madrugada del sábado. La siguiente es la versión del Poder Judicial, al que pertenece el magistrado responsable de la sentencia que envía a juicio de fondo al principal imputado y a otras 14 personas y sociedades:
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauri Martínez, envió este viernes a juicio de fondo al ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y a 14 implicados más del caso de corrupción administrativa que se les imputa, y emitió auto de no ha lugar en favor de una imputada y de 12 empresas en calidad de tercero civilmente responsables.
En el caso del exprocurador, el tribunal consideró que existen elementos de prueba suficientes para conocer en juicio de fondo la acusación presentada por el Ministerio Público contra este exfuncionario de presuntamente cometer acciones criminales en perjuicio del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la Procuraduría General de la República.
Los tipos penales que se le imputan al exprocurador son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.
En cambio, el magistrado Martínez excluyó los tipos penales consistentes en falsedad en escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos y sabotaje ciberdelitos por entender que no se configuraban los elementos constitutivos de los mismos en cuanto a los hechos y las pruebas.
En sus motivaciones, el magistrado Amauri Martínez examinó lo estipulado en la ley “llegando a la conclusión de que hay aspectos que necesariamente deben ser observados ante un tribunal en sede de juicio, sin desconocer que el principio de la presunción de inocencia se mantiene siempre alrededor de estos, y de todos los demás ciudadanos del presente proceso, conforme lo establecido en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes”.
Asimismo, el tribunal envía a juicio de fondo a Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada.
También a Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Medidas de Coerción
El Juez Amauri Martínez decidió mantener las medidas de coerción que pesan sobre Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercedes Marte, consistente en arresto domiciliario, garantía económica y colocación de localizadores electrónicos, ya que no han variado los presupuestos ante la ausencia de novedades para cesarlas.
No ha lugar
El tribunal emitió auto de no ha lugar en favor de Sara María Fernández de José, en razón de que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público resultaron insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos al proceso.
De igual forma, emitió auto de no ha lugar a favor de los terceros civilmente demandados por el Estado Dominicano, las razones sociales Complementos Er, S.R.L., Procons, S.R.L., Productiva, S. R. L. y Alfeizar Construcciones, S. R. L; Constructora Casasnovas S. R. L y Marizán Ingeniería Construcción y Bienes Raíces, S. R. L., Grupo Acor, S. R. L. y Grupo Antares, S. R. L, First Medical Depot By Guzmán, S. R. L, y Tecnicaribe Dominicana, S. A., Transformadores Aquino, S. R. L., y Arquitectura Integral, S. R. L., en virtud al artículo 304 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, 4 y 5.
Los acuerdos
Asimismo, el tribunal acogió los acuerdos arribados entre el Ministerio Público y 21 personas físicas y empresas presuntamente involucradas, las cuales mediante un procedimiento denominado acuerdo pleno por procedimiento penal abreviado, llegaron a acuerdos penales y civiles con el órgano persecutor y el Estado dominicano.
El proceso
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado mediante auto número 01480-2022, el 5 de julio de 2022 a los fines de conocer el proceso denominado Operación Medusa. El tribunal procedió a fijar la audiencia preliminar mediante auto número 059-2022-TFIJ-0011, y en el transcurrir del mismo se celebraron distintas audiencias para salvaguardar las medidas de instrucción, así como el derecho de defensa de las partes.
A pesar del tiempo transcurrido en esta etapa, el tribunal lo ha hecho en apego al debido proceso y la tutela judicial efectiva, tomando las acciones de lugar para salvaguardar los derechos de las partes del proceso. El tribunal procedió a cerrar los debates el 4 de junio de 2024 y diferir el fallo, lo que se traduce en evaluar los pedimentos de las distintas defensas técnicas en cuanto a hecho y derecho, lo cual llevó a tomar la decisión antes señalada.
Resumen de la decisión del magistrado Amauri Martínez, explicada por caso y por personas involucradas:
- Acción Penal: Derecho del Estado para perseguir los hechos sancionables y aplicar las penas correspondientes.
- Acuerdo de Mediación: Documento que finaliza el proceso de mediación con las decisiones acordadas por las partes.
- Acuerdo Reparatorio: Solución alternativa de conflictos donde el agresor y la víctima llegan a un acuerdo para reparar el daño causado.
- Acto Administrativo: Declaraciones emitidas por la Administración Pública que están destinadas a producir efectos jurídicos.
- Acto Jurídico: Manifestaciones de voluntad destinadas a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
- Audiencia de Conciliación: Reunión en la que se intenta llegar a un acuerdo entre las partes antes de que el juez tome una decisión.
- Audiencia Preliminar: Sesión en la que se presentan las pruebas y argumentos antes de la fase de juicio.
- Auto: Decisión judicial que resuelve cuestiones secundarias dentro de un proceso.
- Capacidad Jurídica: Aptitud de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones.
- Carga de la Prueba: Obligación de una de las partes de probar los hechos que sustentan su demanda o defensa.
- Cesión de Derechos: Acto jurídico mediante el cual una persona transfiere a otra los derechos que tiene sobre una cosa o un derecho.
- Código Procesal Penal: Conjunto normativo que regula el proceso penal en una jurisdicción.
- Coacción: Uso de fuerza o intimidación para obligar a alguien a hacer o dejar de hacer algo.
- Competencia: Capacidad que tiene un juez o tribunal para conocer de un asunto específico.
- Condiciones de la Acción: Requisitos necesarios que deben cumplirse para que una acción judicial pueda ser admitida a trámite.
- Custodia: Protección jurídica que se otorga sobre una persona o cosa.
- Derecho Procesal: Rama del derecho que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso judicial.
- Desestimación: Acto judicial por el que se rechaza una demanda sin examinar el fondo del asunto.
- Disposiciones Procesales: Normas que regulan cómo debe desarrollarse el proceso judicial.
- Fallo: Decisión judicial que resuelve definitivamente las cuestiones planteadas en un proceso.
- Garantía: Derecho o bien que se ofrece como seguridad del cumplimiento de una obligación.
- Juicio Oral: Fase del proceso penal donde se desarrolla la audiencia pública y se presentan las pruebas. Litigio: Controversia sometida a un tribunal para su resolución.
- Medida Cautelar o de Coerción: Providencia judicial que asegura el resultado del proceso mientras se resuelve el fondo del asunto.
- Plazo Procesal: Periodo de tiempo establecido por ley para realizar o contestar a una acción procesal.
- Prisión Preventiva: Detención provisional de una persona sospechosa de haber cometido un delito, antes de su juicio.
- Proceso Sumario: Procedimiento judicial rápido para casos menos complejos o que requieren pronta resolución.
- Resolución: Decisión de un juez o tribunal que resuelve un asunto específico dentro de un proceso.
- Secuestro Judicial: Retención y custodia de bienes que son objeto de un litigio.
- Soborno: Delito consistente en ofrecer o recibir algo de valor para influir en la actuación de alguien.
- Sobreseimiento: Decisión judicial que pone fin a un proceso sin resolver sobre el fondo por falta de pruebas o por otros motivos procesales.
- Tratado Internacional: Acuerdo escrito entre países que se rige por el derecho internacional.
- Tutela: Institución destinada a la protección de una persona menor de edad o incapacitada y de su patrimonio.
- Juicio de fondo: Etapa del proceso penal que termina con una sentencia condenatoria en caso los jueces admitan la acusación y en consecuencia las pruebas de la misma.
- Debido proceso: Es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra.
- El juicio abreviado permite llegar a un acuerdo entre el acusado, su defensa, la fiscalía y la víctima querellante, con una solución rápida y consensuada del conflicto.
Perfil del magistrado Amauri Martínez
Magistrado Amauri Marcos Martínez Abreu. Luego de haber aprobado el Concurso de Oposición y posteriormente el Programa de Aspirantes a Juez de Paz, inicia sus funciones como juez en el Poder Judicial en el año Dos Mil Once (2011), como juez titular del Juzgado de Paz del Municipio de Jamao al Norte, Provincia Espaillat, donde ejerció funciones por periodo de un año.
Posteriormente en el año dos mil doce (2012) procedió a ocupar la función de Juez de la 4ta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, tribunal que al encontrarse adscrito a labores de suplencia bajo la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción, conllevaba realizar constantes labores de juez suplente de primera instancia, sobre todo en forma constante en los distintos tribunales de la instrucción del Distrito Nacional.
Para el año dos mil diecisiete (2017), resulta ascendido a Juez del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, para posteriormente en el año dos mil dieciocho (2018) ser trasladado al tribunal que ocupa actualmente el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que hasta la fecha se encuentra desempeñando funciones como juez titular.
En su labor jurisdiccional ha tenido a bien el conocer e instruir procesos tales cuales: Caso Hermanos Buitriago, caso Monee Free, caso Los Tres Brazos, caso Omsa caso Operación 13 y actualmente el caso Medusa.
El magistrado Martínez, además, se desempeña desde el año dos mil doce (2012) a la fecha como docente de diversas altas casas de estudios, tales cuales la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), así como en la Escuela Nacional de la Judicatura.
El magistrado Martínez, posee en su haber un máster en Derecho Judicial, así como una especialidad en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales, siendo coautor de la obra Biblioteca Básica del Juez de Paz.