Los operativos que han resultado en "detenciones arbitrarias y expulsiones masivas" hacia Haití que llevan a cabo las autoridades de República Dominicana merecieron hoy ese calificativo en un exhorto hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), las plataformas de organizaciones sociales asociadas en la Red de Encuentro Dominico Haitiano, la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (MENAMIRD), Dominicanos por Derechos, el Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento RECONOCIDO y la Coordinadora Popular Nacional (CPN) que acompañan a la población inmigrante y sus familias.

Las expulsiones se han intensificado en lo que va de noviembre y, según cifras comunicadas a la prensa, suman más de 4 mil 500 las personas expulsadas en un solo día, aunque el promedio es de 20 mil personas cada mes, expresaron en una nota de prensa.

"La incorporación de miembros del Ejército dominicano y de la Policía Nacional, carentes de entrenamiento, ha hecho recrudecer la violencia en dicho operativos, con golpizas a personas afectadas, tal como se aprecia en videos e imágenes que circulan en las redes sociales", destaca dicho texto.

Añade que "es penoso que en la actualidad la política migratoria esté basada en perseguir, hostigar y criminalizar a un grupo determinado de inmigrantes, fundamentalmente de nacionalidad haitiana y sus familias".

"Se criminaliza la piel oscura"

Agrega que incluso "han sido detenidas arbitrariamente personas haitianas con estatus migratorio regular, personas dominicanas de ascendencia haitiana e incluso personas dominicanas negras que no tienen ascendencia haitiana, simplemente porque se criminaliza la piel oscura".

"Los niveles de violencia y malos tratos que se observan en las detenciones migratorias les dan carácter xenofóbico" denuncian y remarcan que con ello se "impide el libre tránsito, divide familias, además, de que crea temor y pánico generalizados en la población impactada".

La política migratoria adoptada por el Estado dominicano exigen que garantice el respeto de los derechos humanos, la dignidad de la persona y el debido proceso aplicable en materia de detención para fines de deportación.

El texto recuerda que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, y Filippo Grandi, Alto Comisionado para Refugiados, han llamado la atención y emitido algunas consideraciones respecto a las deportaciones y las condiciones sociales y de seguridad internas imperante en los actuales momentos en Haití.

Por ello, han sugerido a las autoridades dominicanas detener las expulsiones hasta que las condiciones sociales internas de Haití mejoren.

Asimismo reproduce el reciente pronunciamiento de una portavoz del ACNUR con sede en Ginebra Suiza, Olga Sarrado, quien recordó que “hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado de haitianos a su país hasta que la situación mejore”, por lo que, no se trata de un llamado únicamente a la República Dominicana.

"Las plataformas de organizaciones lamentamos que las consideraciones emitidas por los diplomáticos fueran rechazadas con tanta vehemencia por el primer mandatario dominicano Luis Abinader. Reiteramos que estos llamados de los organismos de la ONU tienen sus fundamentos en la Convención del año 1951 y el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, entre otras normativas internacionales vinculantes para República Dominicana".

En el contexto de las violentas deportaciones que desarrolla en todo el país, el poder ejecutivo emite el decreto 668-22 de fecha 11 de noviembre 2022, mediante la cual ordena una serie de medidas respecto a presuntos invasores de propiedades inmobiliarias, públicas como privadas, donde hace acusación directa a pobladores inmigrantes que serían afectados.

Los trabajadores inmigrantes y sus familias que han vivido en territorio nacional, "en comunidades marginalizadas como los bateyes, en una convivencia pacífica por más de 100 años, no deben ser calificados como invasores de tierras y desconocer la deuda social acumulada y de protección social hacia esta población vulnerabilizada", expresan al respecto.

También piden la "eliminación de los obstáculos para la regularización migratoria y que se aplique un plan parecido al programa de regularización especial de inmigrantes venezolanos en situación migratoria irregular para todas las nacionalidades, sin discriminación racial".