El colectivo de Justicia Climática y la Red Dominicana de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente (RedAfros), pidió al presidente de la República, Luis Abinader Corona derogar el decreto presidencial 270-22 que concede a la Barrick Gold más de 31 millones de metros cuadrados.
De acuerdo con el colectivo, en el momento de esa adjudicación no contaba con el consentimiento libre y documentado mediante consulta con las comunidades y por lo tanto, la obra carece de licencia social.
Estiman que ese es un requisito indispensable para el proyecto, porque está avalado por las normativas ambientales del país y entra en contradicción con el clamor del Acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales en la región de las Américas.
“A la luz de los derechos humanos y la dignidad humana son inaceptables las agresiones físicas y morales de que han sido víctimas defensores ambientales en las comunidades de Cotuí, quienes en legítimo derecho se oponen a ser despojados de sus tierras y el proyecto de la Barrick Gold de instalar una presa de cola en Zambrana que representa una real amenaza a la seguridad ciudadana y territorial”, exponen en un comunicado.
También exigen a las autoridades resarcir a los comunitarios ante esos abusos, y someter a la acción de la justicia a los responsables de llevar a cabo estas acciones vandálicas que bajo un supuesto amparo oficial ponen en entredicho el estado de derecho vigente en la sociedad dominicana.
“Elevamos nuestras voces de protesta y solidaridad para con los defensores ambientales que se oponen a la instalación de la presa de cola en sus territorios, lo cual conlleva a la expulsión de centenares de personas de sus predios agrícolas y de sus viviendas, acción que afectaría con impactos incalculables en las vidas de los campesinos y pobladores en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en las comunidades de El Naranjo, Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta”, expresó Darío Solano, a nombre del colectivo ambientalista.
Consideran que esa brutal agresión policiaco-militar, que ha dejado como resultado personas heridas, apresadas y un estado de inseguridad e incertidumbre en toda la población, pone de manifiesto la lucha de los pueblos en defensa de los territorios, la preservación de la biodiversidad y la defensa de la madre naturaleza, acción ciudadana amparada en el artículo 64 de la Constitución de la República Dominicana.
Reiteran su pedido al gobierno de renunciar a la minería como modelo de desarrollo, por las consecuencias funestas, en materia ambiental, climáticas y de violación a los derechos humanos; y por las implicaciones del extrativismo minero, que necesita de muchas tierras, cantidades de agua y emplea muchas sustancias nocivas para maximizar ganancias en una isla, como la nuestra, con una alta fragilidad ambiental y climática.
La coordinadora de Justicia Climática denuncia que la megaminería, desde la época colonial, ha creado daños socio-ambientales irreparables en el país y que el extractivismo es incompatible con el ecosistema de la isla. Expresan su rechazo a los planes de extender las actividades mineras sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura y la vida, claves para la preservación de la biodiversidad y para el desarrollo social y económico de las comunidades.