A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, Profamilia declaró que las mujeres se encuentran con un Código Penal que las condena por priorizar su vida y su salud en el caso de que un embarazo ponga en riesgo su vida, si el feto no tiene posibilidad de vivir fuera del útero o si es producto de una violación sexual o incesto.
Un Código Penal sin causales coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, vergüenza y miedo que les impide buscar ayuda médica ante abortos en proceso potencialmente mortales. Recordó Profamilia que ninguna ley ha logrado evitar los abortos clandestinos que cada año cuestan la vida de un número indeterminado de mujeres y que beneficia a los que negocian con la vida humana.
La institución indicó que a pesar de la ausencia del aborto y las 3 causales en el discurso de Gobierno y el abordaje tibio de la salud sexual, la salud reproductiva y la educación integral en sexualidad, voces autorizadas han visto su urgencia, como evidencia Fernando Capellán, presidente de la Compagnie Développement Industrie -CODEVI- que llamó de manera enfática a admitir las tres causales como eximentes de responsabilidad en la interrupción de embarazos en circunstancias especiales y a poner en marcha la educación integral en sexualidad.
Tal como señala Unicef (2021), la deficiente educación integral en sexualidad (EIS), se encuentra entre los determinantes que explican los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas.
También es contundente el señalamiento de la Cepal de que, aunque las cifras de mortalidad materna han disminuido, el problema no está resuelto, pues aun registran un índice por encima de lo que plantea la meta 3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca reducir al 2030 la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Profamilia consideró que ante un Código Penal que criminaliza el aborto por causales, es el momento de que en el país haya educación integral en sexualidad que comprometa a la escuela y a la familia, que permita tomar decisiones informadas; acceso a métodos anticonceptivos y protocolos de salud para evitar muertes por abortos inseguros. Se suma a las organizaciones que demandan de manera urgente la aprobación de la ley integral de prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.
La institución ponderó la valoración del abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats, de que “…sólo la acción de los grupos que promueven estos derechos podrá hacer que el tema alcance un clímax que obligue a los políticos a comprometerse con la despenalización”.
Ambas cámaras del Congreso Nacional, con la callada anuencia del Poder Ejecutivo, ponen en riesgo la vida de la mujer al obligarla a parir aun cuando se trata de causas especiales. Las decisiones políticas deben tener costo político, no más acciones que criminalicen y afecten la vida y la salud de las mujeres.