La Dirección General de Migración (DGM), “intimidado y presionando con amenazas, abusando con las prácticas corruptas del despojo de bienes domésticos y económico de la gente indefensa", principalmente haitianos, fue blanco por ello de una frontal denuncia de la Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes (CPNM), que pidió sanciones individuales a los responsables y, además, que reintegren lo robado.
El control migratorio debe hacerse de manera legal y con respeto a los derechos, por lo que debe dejar de lado la “violencia de la dignidad humana”, exigió esta instancia ecuménica en un comunicado fechada el 20 de junio, pero difundido hoy.
En el texto se destaca que desde el 1 de junio, los agentes de la DGM han multiplicado estos "actos deshonestos, de burla y descarada violación a la dignidad humana", afectando a personas que no merecen tales maltratos y abusos, independientemente de "cual sea su estatus ilegal o legal, indocumentado o documentado”.
Incluso estos agentes han arremetido en las viviendas de estas personas cuando dormían, por lo que entre sus exigencias consta que las detenciones se realicen entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. "para respetar la intimidad familiar durante las horas nocturnas".
Estos funcionarios de la DGM deben cumplir sus funciones específicas, añade el documento, "ajustándose a lo prescrito en el protocolo legal de las leyes migratorias del país, que establece el debido procedimiento de detención, conducción, traslado y deportación, con apego a los derechos humanos”.
Además, remarca, deben tener en cuenta "el Memorándum Binacional de Entendimiento sobre el proceso de las Repatriaciones, firmado por los Estados (Haití/R.D. en 1999, a través de sus respectivas Cancillerías), con anticipación a la puesta en vigor de la Ley General de Migración, que data del año 2004.
Por último, solicita al Gobierno dominicano designar un equipo especial para que estas prácticas sean investigadas y una vez identificados los responsables "aplicar las debidas sanciones a los agentes actores violadores y la reparación-restitución de lo despojado y robado a las víctimas indefensas violentadas y abusadas".