El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su solidaridad a Miriam Germán Brito, procuradora general de la República Dominicana, ante las amenazas de muerte que ha recibido hacia su persona y que se extienden, además, a su familia.
A través de un documento, con fecha del 20 de junio, la entidad indicó que las amenazas recibidas pretenden evitar la aplicación de medidas que la magistrada Germán ha venido tomando contra el crimen organizado, incluyendo los negocios que operan desde las cárceles dominicanas, que han permitido históricamente y siguen permitiendo el enriquecimiento de personas ligadas al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico y la corrupción.
Para Participación Ciudadana "la magistrada Germán ha llevado una carrera impecable desde su incorporación al sistema de justicia en 1973, ocupando posiciones de fiscalizadora, jueza de paz, jueza de instrucción, jueza de primer y segundo grado, miembro de la Suprema Corte, cuya Sala Penal presidió.
Describió a Germán como merecedora del V Premio al Mérito Judicial otorgado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en 2016, y ese mismo año recibió el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción otorgado por Participación Ciudadana.
Asimismo, dijo que desde su designación como procuradora general de la República, en agosto del 2020, la situación en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público ha variado notablemente, habiéndose sometido a la justicia penal casos de gran corrupción que involucran personas que han ocupado las más altas posiciones militares, altos funcionarios públicos, familiares del expresidente – Danilo Medina – y hasta el anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. "Se trata de expedientes que involucran miles de millones de pesos y donde ya se cuentan por centenares los sometidos a la justicia, además de otros casos de gran envergadura que están en proceso de investigación".
Aseguró que este cambio de rumbo de la lucha contra la corrupción afecta intereses poderosos, cuyos beneficiarios son capaces de tomar medidas extremas para proteger las fuentes de sus ingresos ilícitos y sembrar el temor en los organismos llamados a combatir el crimen.