Los padres de un niño de 1 año y 10 meses de edad, que murió ahogado en una estancia infantil del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Instancia (INAIPI), en el barrio Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís, advirtieron esta mañana que emprenderán acciones judiciales ante los tribunales, en contra de las personas directamente responsables del hecho y contra el organismo.
Manuel de Castro Tavares y Carleni Alvares Muñoz, padres del niño Maikel Esmil de Castro Álvarez, se quejaron que a 72 horas de ese acontecimiento, las autoridades aún no han revelado los nombres, tanto de la coordinadora del CAIPI Pueblo Nuevo, como del personal del área bajo cuyo cuidado, atención y vigilancia directa estaba el menor.
“Esta familia, destrozada, deshecha del dolor y emocionalmente muy perturbada por la muerte de nuestro hijo Maikel Esmil, el pasado viernes 02 de septiembre en el CAIPI Pueblo Nuevo, de San Francisco de Macorís, damos las gracias a toda la sociedad francomacorisana y de todo el país, por la solidaridad colectiva expresada por diferentes medios, por esta tragedia que nos está tocando vivir”, señalaron.
Precisaron que en torno a las circunstancias en que falleció el niño, tienen muchas interrogantes, que esperan encuentren respuestas claras, contundentes y objetivas en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y en los resultados de la autopsia que le fue practicada al cadáver del mismo, los cuales deberán revelar en detalles, las circunstancias en que se produjo su muerte.
Mostraron confianza en que de esa investigación surja la verdad y que los responsables sean identificados y sometidos a la justicia para que respondan, ya sea por sus acciones, en caso de que se determine que el niño haya sido maltratado, golpeado y que su muerte haya sido provocada, o por descuido desmesurado, inobservancia, negligencia e impudencia, si fuera el caso, de parte de quienes tenían la custodia, la responsabilidad directa de protección, el cuidado, atención y vigilancia del niño en el CAIPI.
Manuel de Castro Tavares y Carleni Alvares Muñoz, formularon un llamado, tanto al Ministerio Público, como a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Instancia (INAIPI) señora Besaida Santana de Báez, para que revele los nombres del personal responsable del CAIPI donde se produjo el hecho, pues “esta familia y toda la sociedad, así lo requiere”.
No obstante reiteraron que sus abogados estarán formalizando y depositando las acciones judiciales correspondientes ante el Ministerio Público y los tribunales competentes, en contra de las personas directamente responsables y contra la institución, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Instancia (INAIPI).