El Movimiento Socio Cultural de los Trabajadores Haitianos (Mosctha) y la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau Renaud pidieron al presidente Luis Abinader que disponga el cese de las deportaciones de haitianos en condición migratoria regular.

También denunciaron el cobro de “peajes” para liberar a detenidos “solo por su color de piel”.

“Los militares, policías y agentes de Migración han encontrado una especie de alcancía en los ciudadanos de piel color negro y más si son haitianos al apresarles para luego liberarles a cambio del cobro de hasta 12,000 pesos”, dijo Joseph Cherubín, representantes de las organizaciones.

Cherubín, quien es médico, dijo que en el vacacional de Haina a los haitianos se les cobra hasta más de 12,000 pesos para liberarles, “además de que en todo el país policías y guardias apresan y liberan con la misma condición de exigirles dinero”.

De acuerdo con el vocero del Mosctha y la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viou, son innúmeros los testimonios de haitianos con sus documentos al día o sin ellos que acuden a sus oficinas a reclamar apoyo ante las “hostilidades” de los agentes de la seguridad del Estado.

El activista de los derechos humanos reclamó al presidente Luis Abinader que disponga el cese de las deportaciones de haitianos en condición migratoria regular.
Cherubín dijo que son expulsados de igual manera quienes forman parte de los 11,000 haitianos a quienes les fueron dotados de documentos como residentes en virtud del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros (PNRE) puesto en marcha por el gobierno.

El PNRE, en su primera parte, fue un régimen especial para dotar de documentos de identidad y permisos de permanencia a los extranjeros que se encontraban residiendo en el país de forma irregular antes de la promulgación del Reglamento número 631-11, del 19 de octubre de 2011. Fue reglamentado mediante el decreto 327-13, a partir de lo establecido en el artículo 151 de la Ley General de Migración número 285-04 y ordenado por la Sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional.

El vocero de las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunció que las autoridades de Migración deportan a los “apátridas”, a quienes definió como la parte del grupo B de la ley número 169-14, del 23 de mayo de 2014.

Según se establece en el artículo 1 de la ley 169-14, “esta ley tiene por objeto exclusivo establecer:

A) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 1 8 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.

Esa ley también se refiere al grupo B, o sea, al registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.

“Esos casos debieron ventilarse en una segunda parte del PNRE aún pendiente”, observó Cherubín.