Al conmemorarse este 18 de diciembre el Día Internacional de la Persona Migrante, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el quiebre de la línea de progreso en la defensa de los derechos humanos en República Dominicana, con reveses en la política migratoria trazada por la presente administración, que se contrapone al espíritu solidario y progresista del pueblo dominicano.
En su tradicional carta del Día del Migrante, OBMICA y CEDESO presentaron un balance de las principales incidencias en 2022, en el que destaca el incremento de operativos arbitrarios e incidentes migratorios en el país resultado de “una política migratoria restrictiva e ineficaz, que no responde a las necesidades de la sociedad dominicana, produce pérdidas a empleadores/as e inestabilidad al aparato productivo nacional y vulnera los derechos de las personas migrantes, sus familiares y las comunidades dominicanas que las acogen”.
Las organizaciones reiteraron la solicitud de una moratoria de las deportaciones por vía terrestre. Dicen que más de 100 mil migrantes haitianos han sido deportados en los últimos 12 meses, según informan las autoridades migratorias, a pesar del llamado internacional al cese de las deportaciones en la región dada la grave crisis política y económica en el vecino país.
Las detenciones masivas han tenido poco impacto en la regularización de flujos migratorios, impiden el cumplimiento del debido proceso de deportación y desbordan la capacidad del sistema.
Abogaron por el cumplimiento del debido proceso que establece la ley en materia de deportaciones y otorgar las garantías a grupos con necesidades de protección especial. El monitoreo da cuenta de más de mil mujeres embarazadas o lactantes y unos mil 800 menores no-acompañados deportados, además han sido documentados 900 casos de detenciones y riesgo de expulsión de dominicanos/as hijos de migrantes, lo que genera afecta a ciudadanos y comunidades que luchan por la inserción social.
Destacan la participación y solidaridad de los actores locales que se manifiestan día tras día en acciones de protección a personas migrantes frente a violaciones, excesos y abusos.
“Son las y los dominicanos/as, profesores, médicos, comunicadores, líderes religiosos/as, comunitarios, quienes documentan y denuncian operativos arbitrarios, mientras exigen a las autoridades respetar el fuero domiciliario y las garantías procesales” afirman en el documento.
CEDESO y OBMICA, organizaciones que durante tres años lideraron el Proyecto Trato Digno para el monitoreo de derechos en la región Enriquillo y zona fronteriza, abogaron por la dignificación y puesta en valor las personas migrantes y su reconocimiento como motores de desarrollo sostenible, con el diseño e implementación de políticas y soluciones basadas en investigación y evidencia, establecer vías para formalizar el estatus migratorio del colectivo haitiano en el país y promover su integración social.