Organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron informaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el avance de las investigaciones y sometimientos a la justicia, así como violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la comunidad inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana.
Es, señalaron, el quinto año en el que hacen esta petición, insistiendo en la necesidad de que se abran investigaciones y se castigue legalmente a los responsables de estos "crímenes".
A través de una carta firmada por 11 entidades sociales, estas hacen referencia a la reunión del 2 de diciembre del 2022, entre una representación de las organizaciones, la procuradora general Miriam Germán Brito y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, en la cual se abordaron las denuncias sobre presuntas violaciones a la Constitución y las leyes dominicanas, cometidas tanto por las instituciones del Estado dominicano, como son la Dirección General de Migración (DGM), la Policía Nacional y agentes militares que participan en procedimientos de interdicción migratoria, y grupos paramilitares como la Antigua Orden Dominicana.
Al respecto, reiteraron que sigue vigente la Ley 5880 que prohíbe la exaltación del trujillismo y establece penas para “toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico”.
Las organizaciones solicitaron a la PGR actuar ante la violación permanente del artículo 134 del reglamento de la Ley de Migración 285-04, que prohíbe la detención migratoria de menores de edad, mujeres embarazadas y lactantes y personas envejecientes.
Cuando se trate de extranjeros, una vez cumplida su condena, la Procuraduría General de la República lo pondrá a disposición de la Dirección General de Migración, a fin de hacer efectiva su Deportación, o Expulsión del país si correspondiere.
Asimismo, denunciaron la realización de allanamientos de viviendas sin orden judicial ni participación de fiscales en todo el territorio nacional, lo que consideran equivale a un estado de excepción de facto.
Solicitaron a la PGR que expresar su criterio sobre la legalidad de la participación de agentes militares y policiales no integrantes de la DGM en los procedimientos de interdicción migratoria, para los cuales “no cuentan con la preparación profesional necesaria”, y que es uno de los elementos que aparecen de manera recurrente en las denuncias sobre violaciones a los derechos legales y constitucionales de las personas, tales como “allanamientos sin orden judicial, robos, detenciones arbitrarias y extorsión”. Asimismo, que se investigue la comisión de estos delitos, y otros como las detenciones con incomunicación, en el Centro Vacacional de Haina.
Además, inquirieron sobre el estado de investigaciones de linchamientos racistas que han denunciado en años anteriores, como son los casos de Jean Claude Harry “Tulile”, Victor Pierre y Esil´homme Atul en Santiago, del trabajador haitiano apodado Armando, en Bahoruco, del asesinato en manos de agente de la DGM de Joel Lolo en Las Matas de Farfan, entre otros.
Las organizaciones sociales culminaron la carta solicitando una nueva reunión para dar continuidad al diálogo iniciado y “en los casos en que sea posible, apoyar los esfuerzos de la PGR para el avance de la justicia y el cese de la impunidad ante tantos casos de violencia racista que contribuyen a crear un clima de terror y de excepcionalidad que erosionan el Estado de derecho y la democracia.”
La carta fue firmada por el Colectivo HaitianosRD, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), el Movimiento Socio-Cultural para Trabajadores Haitianos (Mosctha), el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha), el Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial (INCAPID/GLEFAS), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Grupo de Jóvenes de Los Jovillos, Junta de Prietas, Movimiento Reconocido, Aquelarre RD y La Ceiba.