Para el martes 9 de enero, a las 9:00 de la mañana, fue aplazada la audiencia contra los siete imputados en la Operación Nido de presunta estafa inmobiliaria perpetrada supuestamente por los miembros de una misma familia, trámite judicial inicialmente previsto para este sábado.
El abogado representante de varias de las personas que se dicen estafadas por la eventual red delictiva que tiene como imputado principal a Emmanuel Rivera Ledesma y su empresa IndisArq, informó que la audiencia fue postergada para permitir que Escarlet Cruz Figueroa, esposa del implicado central, fuera notificada de manera adecuada sobre su querella dado que recibió el aviso con retraso.
Cruz Figueroa fundó con Rivera InDisArq en 2015. Del reciente desmantelamiento de la que cree es una estafa inmobiliaria, Emmanuel Rivera Ledesma figura involucrado junto a sus hijos, esposa y hermana.
El Ministerio Público ha adelantado que solicitará a los jueces que dicten no menos de 18 meses de prisión preventiva contra Rivera y sus familiares y que declaren el caso como complejo.
La decisión del juez Rigoberto Sena se basó en que este sábado se presentaron 30 nuevos querellantes, explicó a su vez el procurador fiscal Andrés Mena.
“A los 30 nuevos querellantes el juez les da la oportunidad para que sean notificadas esas querellas nuevas a la defensa técnica, por lo tanto, el día 9, que es martes, estaremos compareciendo para que ese día el juez escuche a todas las partes y vamos a desarrollar la audiencia de medida de coerción”, declaró Mena a los periodistas.
Según revelan las investigaciones de los fiscales, este clan familiar creó en 2019 una estructura delictiva que utilizaba el sector inmobiliario para captar dinero de las víctimas a través de maniobras fraudulentas, recursos que asegura financiaron una vida de lujos con gastos exorbitantes.
Rivera Ledesma y su familia, dice el señalamiento del ente acusador, solían captar los fondos de los clientes a través de la empresa CRD Equipos Pesados e Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), y se los repartían entre sí y algo con los demás miembros de la supuesta red delictiva.
Además de los miembros de la familia, están imputados otras tres personas supuestamente beneficiadas asimismo de propiedades de lujo y vehículos de alta gama.
Este caso se suma a una serie de escándalos de estafa inmobiliaria que han sacudido al país en los últimos años, poniendo de manifiesto graves deficiencias en el sistema de control y regulación del sector.
RD$ 700 millones y más de 300 querellas
Mena y su colega la procuradora fiscal Sourelly Jáquez declararon que con los nuevos querellantes aumenta el monto de la estafa, así como "a más de 300 el total de querellas contra esta red".
En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en Operación Nido, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos.
Estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos son los cargos que pesan contra quienes perjudicaron a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
Además de Emmanuel Rivera Ledesma, su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma y su esposa Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, están imputados sus hijos Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y María Gabriela Rivera Pichardo.
Asimismo, Reilin Arismendy Rosario García, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
El Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, estableció que "el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas".
"También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas", alegan los fiscales.