El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el inicio del juicio contra los acusados en el caso de corrupción conocido como Operación Medusa, luego de que uno de los imputados, Francis Ramírez Moreno, presentara una licencia médica.
La jueza presidenta del tribunal, Keyla Pérez Santana, tomó la decisión durante la vista celebrada este miércoles, aunque no especificó las causas de la licencia.
La magistrada informó que, a excepción de la situación de salud del imputado, acusado de suplantar la firma del entonces presidente del Comité de Compras y Contrataciones, Víctor Manuel Lora Imbert, el caso está listo para iniciar con la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público.
El tribunal fijó la nueva fecha para la audiencia el próximo 29 de enero, a las 9:00 de la mañana, donde se espera dar inicio al juicio de fondo.
El caso Medusa, que se encuentra en los tribunales desde mayo de 2021, involucra a una red de corrupción que, según el expediente acusatorio de 12,274 páginas, fue encabezada por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien presuntamente desvió más de 6,000 millones de pesos del erario público entre 2016 y 2020.
Entre los acusados de este proceso se encuentran figuras como Alfredo Alexander Solano Augusto, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefann, Félix Antonio Rosario Labrada, y diversas entidades y empresas, entre ellas Fire Control Systems S.R.L. y Lirtec, S.R.L., vinculadas a prácticas corruptas.
La operación Medusa es uno de los casos de corrupción más destacados en los últimos años, en el que se involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros coimputados en supuestos actos ilícitos relacionados con malversación de fondos públicos y asociación de malhechores.
Otros aplazamientos
El pasado 23 de septiembre, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez pospusieron la audiencia para garantizar que el acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra contara con la asistencia de un defensor público. En esa misma vista, el imputado Rafael Antonio Mercedes Marte solicitó tiempo para contratar un abogado, solicitud a la que el tribunal accedió otorgándole un plazo de 24 horas. Además, la ausencia del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien se encuentra fuera del país, también influyó en la decisión.
Posteriormente, el 1 de octubre, el tribunal volvió a aplazar el juicio, esta vez para permitir que la Defensoría Pública asignara un abogado a Forteza Ibarra, quien aún no contaba con representación legal adecuada.
El 11 de octubre, la audiencia fue nuevamente suspendida, esta vez por el fallecimiento de la madre de Javier Alejandro Forteza Ibarra, lo que llevó al tribunal a conceder un nuevo aplazamiento.