A pesar de devengar un salario de RD$ 7,000 como mensajero de una empresa inmobiliaria, Joel Sosa Polanco (Manteca o Panano), implicado en la operación Falcón, en su versión 2.0, ostentaba una vida que se alejaba bastante de sus posibilidades con el modesto ingreso por su labor de mensajería.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, el hoy detenido residía en una casa lujosa ubicada en un sector de clase alta en la ciudad de Santiago y conducía vehículos de alta gama.
Sosa Polanco es un de los parientes del presunto cabecilla y patrocinador de la estructura, el extraditable Erick Randhiel Mosquea Polanco quien, al estilo de las mafias italianas, se rodeó de un clan familiar para conformar la red y redistribuir entre ellos roles y compromisos de sus múltiples actividades ilícitas.
El documento establece que Sosa Polanco "cumplía varias funciones en la estructura de crimen organizado que le permitió introducirse en los sectores inmobiliario y agrícola".
Además de ser testaferro, prestando su nombre para registrar vehículos que eran utilizados para llevar a cabo las tareas esenciales para el tráfico internacional de sustancias controladas.
El encartado fue puesto bajo arresto tras su arribo a suelo dominicano, luego de que fuera arrestado en Colombia junto a su primo, Mosquea Polanco.
El Ministerio Público atribuye al procesado violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifica la asociación de malhechores; 59 y 60, 4 (letras D y E); 5, 6, 58 (letra C); 60 , 75 párrafos II y III; 85 (letras B,C,D); 99, 100 y 101 párrafo, de la Ley 50-88 sobre Control de Drogas y Sustancias Ilícitas, bajo cargos de tráfico de drogas y patrocinio.
También la violación a los artículos 3, (numerales 1, 2 y 3); 4 (numerales 1, 2, 9 y 10); 8, 9 (numerales 1, 2 y 5) y el artículo 12 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; artículos 3 (letras A y B); 4, 8, 18, 21 (letra B) y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, en relación a los hechos ocurridos con anterioridad al año 2017, y artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control de Armas, en perjuicio del Estado dominicano.
El pasado 24 de diciembre el juez José Rafael D' Asís de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el señalado.