La fiscalización realizada al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) durante el período 2020-2021, reveló que oficiales de la entidad se concedían partidas de combustibles que, en ocasiones, superaron los RD$ 100 mil mensuales.
La mala práctica viola los artículos 21 y 22 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano. Esta normativa establece que la asignación de combustible no debe exceder el 10 % del salario, destinado para combustible.
La auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) indica que la entidad oficial no dispone de procedimientos documentados y autorizados por la institución para la asignación y distribución de los combustibles al personal debidamente calificado, lo cual demuestra deficiencia en el sistema de control interno.
El Articulo 22 de la mencionada ley establece los siguiente: “Asignación de Combustible. Los cargos de alto nivel contemplados en la Ley de Función Pública, así como los titulares de poderes del Estado, órganos y entes de origen constitucional, tendrán asignado un monto de hasta el 10 % de sus salarios, destinado para combustible.”
La falta de aplicación de este artículo, según el informe, tuvo como consecuencia pérdidas para la institución por la suma de RD$ 4 millones 941, 340, durante el período de auditoría.
Sin embargo, hay que destacar que las asignaciones de combustibles presentadas en este informe corresponden a la gestión del general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, quien enfrenta un proceso judicial por alegados delitos de corrupción administrativa en el Cestur.
Diferencias la ejecución presupuestaria
La ejecución presupuestaria del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) presenta discrepancias entre el presupuesto inicial y el modificado por un monto de RD$ 42 millones de 493,712, durante el período comprendido entre 2020 y 2021.
Los datos se encuentran evidenciados en la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República a los estados financieros y presupuestarios de dicha entidad gubernamental.
La auditoría indica que no se presentaron documentos que justifiquen la discrepancia en las transferencias que la entidad hace de un mes a otro, lo cual viola lo establecido en la Norma Básica de Control Interno (Nobaci) y la Actividad de Control para el Ciclo Presupuestario (ADC).
La discrepancia, según el informe, entre el presupuesto inicial y el modificado en 2020 fue de RD$ 5 millones 227, 993 con 70 centavos, mientras que en el año siguiente (2021) alcanzó la cifra de 18 millones 399, 371.
En 2021, las autoridades del Cestur no proporcionaron los documentos del presupuesto y los auditores los calcularon en función de las partidas de remuneraciones y contribuciones, contrataciones de servicio y materiales y suministros, lo que dio como resultado una diferencia de RD$ 18, 836, 452.