“Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes”, afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las mujeres con discapacidad en la República Dominicana refuerzan este planteamiento al ser cuestionadas al respecto. Una de ellas afirma: ‘Esto se debe a que las mujeres son las responsables del cuidado de la familia, los hijos, los enfermos, los envejecientes, los quehaceres domésticos, en general’.

Tayiris Acosta, coordinadora ejecutiva del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CISMUDIS), asegura: “Tal y como lo reflejan los estudios y el diagnóstico, las mujeres con discapacidad se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad ante los diferentes tipos de violencia por las múltiples discriminación que afrontan por el hecho de ser mujer, tener discapacidad y otros factores…”

”A pesar de que en la Republica Dominicana existe una ley sobre discapacidad, la ley 5-13, y de esta tener cosas positivas, existen graves dificultades y violaciones a los mandatos de dicha ley por parte de las personas y de las instituciones”, añadió.

Acosta afirmó que la ley tiene de positivo, entre otras cosas, la constitución de un gabinete para dar seguimiento a su cumplimiento, y la asignación de una cuota de empleo: 5% para el sector público y 2% para el sector privado, para personas con discapacidad.

Pero, señala, lamentablemente hay aspectos de la ley que no se cumplen en su totalidad, como por ejemplo el acceso a los servicios de salud.

Al respecto, afirmó que “los hospitales no tienen los equipos necesarios ni el personal entrenado para atender a una persona con una discapacidad física motora, especialmente mujeres". Esto limita incluso la posibilidad de que puedan denunciar situaciones de violencia que viven frecuentemente.

También, la falta de accesibilidad en las ciudades, en los centros comerciales, en los diferentes lugares donde la gente concurre. Entiende que esto es por falta de voluntad política de las autoridades.

Lo mismo ocurre con el transporte, afirma Acosta, que no es adecuado y no son  tomadas en cuenta las personas con discapacidad pues no se habilitan espacios, por ejemplo, para personas con silla de ruedas, con plataformas cómodas donde ellas puedan acceder.

Admite que “el metro de Santo Domingo tiene algunas condiciones, pero también muy limitadas”.

Además, si alguna se transporta, tiene que pagar un pasaje para su silla y otro para ella, lo cual aumenta las barreras, porque no siempre disponen de los recursos necesarios para poder movilizarse.

Tayiri Acosta enfatiza el aspecto de la accesibilidad: ”cada discapacidad necesita una accesibilidad diferente; no es lo mismo, por ejemplo, si es una persona con discapacidad auditiva requiere de lenguaje de señas, requiere de un lenguaje especial para comunicarse, o si es una discapacidad visual requiere de una persona que le dé un apoyo para moverse”.

LOS DESAFIOS PLANTEADOS

En diciembre de 2018,  el CISMUDIS realizó un estudio, con el apoyo de varias organizaciones internacionales, sobre “Violencia hacia Mujeres con Discapacidad”.

El estudio se realizó en el Gran Santo Domingo con una muestra de 198 personas, entre ellas mujeres con discapacidad y personas clave tanto de organismos públicos vinculados a la ruta de atención de la violencia contra las mujeres, así como de organizaciones que trabajan el tema de violencia de género en la República Dominicana.

Tayiri Acosta destacó que los datos corroboran lo que las propias mujeres con discapacidad han manifestado desde sus distintas experiencias.

En la organización, asegura, participan alrededor de 900 mujeres con alguna discapacidad física, motora, auditiva o visual.

Acosta reflexiona acerca de las conclusiones y los desafíos del diagnóstico realizado:”las mujeres con discapacidad se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad ante los diferentes tipos de violencia por las múltiples discriminaciones que afrontan por el hecho de ser mujer, tener discapacidad y otros factores que inciden de manera interseccional como la nacionalidad, la situación de pobreza, el residir en zona rural, entre otros” factores.

“No hay registros sobre el número de denuncias por violencia de género interpuesta por mujeres con discapacidad según la Dirección de Estadísticas y Análisis de la Procuraduría General de la República debido a que la variable discapacidad no está incluida en el acta de denuncia que utilizan las unidades de atención a la violencia de género sexual e intrafamiliar del Ministerio Público para registrar los casos que reciben.

Las mujeres con discapacidad aseguran haber sufrido violencia de género por parte de sus parejas o exparejas; señalan la dependencia económica y la falta de oportunidades para conseguir un empleo como sus mayores dificultades para salir de esa situación.

Entre los retos más importantes está identificar las necesidades de las mujeres con discapacidad para acceder a los servicios de manera equitativa . En los procesos de detección de necesidades es imprescindible que las propias mujeres con discapacidad y las organizaciones de mujeres con discapacidad participen y sean consultadas.

Se deben crear políticas públicas nacionales locales e institucionales que respondan a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad en términos de acceso calidad y calidez de los servicios de atención a los casos de violencia.

El Diagnóstico de Violencia hacia Mujeres con Discapacidad, realizado en diciembre 2018, con el auspicio del Ayuntamiento de Cádiz y el apoyo técnico de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, LA RED, arroja datos que dan cuenta de la situación en que viven las mujeres con alguna discapacidad.

Entre los hallazgos de este estudio se destaca que el 20% de las mujeres encuestadas asegura que alguien alguna vez le retiró la ayuda requerida para sus cuidados básicos, como asearse, comer o desplazarse.

El 47% de las mujeres encuestadas aseguró haber terminado una relación con alguna de sus parejas debido a comportamientos violentos o al miedo que le tenían, producto de dichos comportamientos.

También que 14% de las mujeres encuestadas reportó haber sido agredida físicamente en algún momento de su vida.

Otro dato que arroja el diagnóstico es que el 17% de las mujeres encuestadas dijo haber sido esterilizada por decisión de la familia o por decisión de una persona profesional médica.

El 21% de las mujeres con discapacidad encuestada aseguró que alguien alguna vez con quién vivía ha ejercido violencia económica sobre ella.

Por su parte, Cristina Francisco, fundadora y presidenta del Consejo Facultativo de CISMUDIS, afirma que “en la República Dominicana, según los datos del último Censo XI, de Población y Famili,a la población total con alguna discapacidad es de 12.3% de los cuales el 56% de ellas son mujeres.”

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: DISCAPACIDAD EN LAS MUJERES, LAS BARRERAS SE MULTIPLICAN

Para  la  Organización Panamericana de la Salud (OPS), la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona.

Las mujeres organizadas en CISMUDIS comparten el análisis de OPS porque, según ellas, las mujeres son las cuidadoras de la familia y con el tiempo y la edad van aumentando las posibilidades de una discapacidad en las mujeres.

Afirma que, ”aunque por ejemplo las discapacidades físicas por motivo de accidente de tránsito pudieran afectar a más jóvenes, el riesgo en las mujeres sigue siendo bastante elevado”.

Finalmente, destacan que no hay en el país suficiente orientación formal  para las personas que adquieren una discapacidad producto de algún accidente o de una enfermedad: dónde ir, dónde buscar apoyo, dónde tener terapias, dónde obtener una beca específica para personas con discapacidad, o dónde obtener un empleo digno.

Reiterando que para ellas esto es una doble barrera.

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad, “en todo el mundo las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad".

En parte, "ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas’.