“En el día de hoy avanzamos hasta la página 718″, donde consta que el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también se usó "para el desfalco y soborno", cargos penales que asimismo afronta el ex procurador Jean Alain Rodríguez, sostuvo este martes el fiscal litigante Miguel Collado al referirse a la lectura de la acusación en la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Detalló cómo supuestamente se llevaron a cabo los actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) a nivel nacional, siempre durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez (2016-2020).
El fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público agregó: “vimos líneas que van desde el soborno de la empresa de Ricardo Pérez Mella, el cual incrimina directamente al acusado Jean Alain Rodríguez de haber recibido sobornos”.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El fiscal litigante reveló que hoy comenzó, además, la lectura "de la parte correspondiente al financiamiento ilícito de campaña, con el llamado “búnker criminal” que -detalló- "era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alain Rodríguez para dar una apariencia (de moralidad) en redes sociales ante los ataques" que recibía él y la institución a raíz del caso de Odebrecht.
Collado se refirió al avance del proceso al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial luego de concluida la audiencia de este martes, el sexto día de la lectura del expediente contra los acusados de la Operación Medusa.
En la operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general, el órgano acusador presentó una acusación de 12,274 páginas, acompañada de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
La acusación se presenta en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Amauri Martínez, aunque debido al espacio físico y la cantidad de imputados, se ventila en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
El magistrado Martínez dispuso que la audiencia preliminar prosiga el próximo viernes 7 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Defensores de Jean Alain contraatacan
El denominado Consejo de Defensa del exprocurador contraatacó y sostuvo que en diciembre del año 2020 la gestión de Miriam Germán Brito "aumentó y pagó 220 millones a los contratistas sin conocida justificación, los cuales se perdieron por el doloso abandono, generando muertes y un incontrolado tráfico de drogas en las cárceles".
Jean Alain Rodríguez, añade el texto en cuestión, "denunció que la PEPCA procura con la acusación minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional, que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual gestión, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados ni justificados a la fecha, a una obra que luego abandonaron dolosamente y cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos le corresponde a este gobierno".
“En diciembre del 2020, la actual gestión de Miriam Germán Brito ratificó y aumentó hasta en 60 millones de pesos cada contrato de obra de la Cárcel La Nueva Victoria, estipulando como última fecha de entrega el mes de marzo del año 2021, de hecho y como ejemplo, la empresa Remix Rotilla, entregó -y esta gestión recibió- a TOTAL SATISFACCIÓN, hace más de dos años, todos los edificios de celdas, dispensarios médicos, iglesias, comedores, casetas de seguridad, planta eléctrica, accesos y áreas exteriores completamente equipados, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por esta gestión", sostuvo.
Por ello, prosiguió, "resulta un obstuso (sic) desatino que no hayan puesto en funcionamiento esas instalaciones y las abandonen, mientras en la actual Victoria decenas de personas han perdido sus vidas al amparo del narcotráfico, con un control absoluto que hasta ha llevado a que la Procuradora General tenga que mudarse de su acostumbrada vivienda a una desconocida".
El Lic. Gustavo Biaggi Pumarol, miembro del equipo defensor del exprocurador, se le atribuye en ese contraataque acusar a la PEPCA de tirar "a la basura cerca de 6,000 millones de pesos" y, además, permitir "que roben todos los equipos que allí estaban, pero parece que estos cuestionados actos “son subsanables”, cuando lo realizan los nuevos funcionarios designados por decreto"
La Lic. Nelys Rivas, asimismo parte del equipo de Rodríguez, dijo que "hace ya 3 años la Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes".
Era un penal, añadió, "dotado con sistema de agua, energía y generadores eléctricos, decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, 35,000 camas y colchones, sistema de comunicación y seguridad, miles de cámaras de video y computadoras, cocinas y sus enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas".
También, prosiguió Rivas, dotado de "biblioteca equipada con más de 30,000 libros, 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, pista olímpica, gimnasios equipados, naves industriales y talleres para escuelas vocacionales, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes y vestimenta para 8,700 privados de libertad".
A la fecha, remató, no existe "una sola justificación para haber abandonado este trascendental y humano proyecto".