El Consejo Superior del Ministerio Público dispuso un reajuste salarial y una nueva política de compensación que, para este año 2022, representa un monto de 919.1 millones de pesos, contemplados en el presupuesto.
La información la ofreció la procuradora general, Miriam Germán Brito, presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público, quien explicó en una comunicación a todo el personal sobre el “Bono Anual para miembros y empleados administrativos Ministerio Público” y la “Nueva Política de Compensación para miembros de la carrera del Ministerio Público”.
“Me dirijo a ustedes para informarles que el Consejo Superior del Ministerio Público, en cumplimento de las normativas internas y honrando los justos reclamos de los servidores del Ministerio Público, dispuso institucionalizar el pago del bono anual establecido en el artículo 68 del Reglamento de Carrera, lo cual representa un monto de trescientos cincuenta y nueve millones setecientos noventa mil trescientos noventa y siete pesos con cuarenta y cuatro centavos (RD$ 359,790,397.44), del presupuesto asignado a la institución”, explicó la comunicación de Germán Brito.
Indicó que ese beneficio será reconocido a los fiscales, funcionarios y empleados administrativos del Ministerio Público y sus dependencias y que en lugar de pagarlo en diciembre, el bono será pagado el Día Nacional del Ministerio Público.
También informó que el Consejo aprobó un reajuste salarial y una nueva política de compensación enfocada en estandarizar los salarios de los miembros de la carrera del Ministerio Público, conforme a las posiciones que ocupan.
“El reajuste será efectivo a partir de febrero de 2022, con base en los recursos presupuestarios recibidos por la institución para tales fines, lo cual representa un monto de quinientos cincuenta y nueve millones trescientos tres mil trescientos sesenta pesos con diez centavos (RD$ 559,303,360.10)”.
Recordó que, tal como anunció desde que asumió la Procuraduría General de la República, su gestión procura institucionalizar progresivamente, y conforme a las asignaciones presupuestarias, “los beneficios que corresponden a los fiscales y servidores del Ministerio Público y sus distintas dependencias”.