El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que siempre ha estado abierto a dialogar con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)  sobre todos los temas y escenarios, pero sin que paralicen la docencia.

El funcionario aseguró que los paros de la ADP tienen elevados costos sociales y económicos, por lo que reiteró su llamado a que no se pierda un día más de clases.

“Importantes sectores sociales vienen dando un significativo respaldo a los esfuerzos que desde el Minerd se realizan para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, pero deben sumarse más y más grupos y personas, hasta que construyamos un consenso de que no debe perderse un día más de clases, a menos que sea por una calamidad pública”, precisó a través de un comunicado.

El ministro exhortó a la sociedad dominicana a construir un consenso nacional alrededor de un compromiso de todos los sectores para que no se pierda más docencia.

Hernández también agradeció a las entidades que han dado su respaldo a su llamado a consenso, especialmente a instituciones como la Federación de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (ADMAES), Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), el senador de Samaná Pedro Catrain, editoriales de periódicos impresos y reputados profesionales y especialista del Derecho Constitucional y personalidades.

Asimismo, dijo que "el Minerd apoya, valora y aprecia todo el esfuerzo que los docentes realizan en las aulas para lograr el aprendizaje de los niños en las aulas, independientemente de los paros convocados por el sindicato".

Pero indicó que el método de lucha del sindicato viola el derecho de los niños a aprender, sobre todo, luego de la pandemia que afectó el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

“Es tiempo de garantizar el aprendizaje de los más pobres, no afectar su derecho a recibir una educación de calidad”, subrayó.

Hernández reiteró que “el Ministerio está listo para dialogar sobre todos los temas y en todos los escenarios con la ADP, pero no estamos dispuestos a que se continúe mutilando el derecho constitucional que tienen los estudiantes a recibir educación”.

Reiteró que por cada día clase que pierden los estudiantes, el país pierde más de 700 millones de pesos.

“Pero no menos importante que ese costo económico es la deuda social acumulada que padece nuestro pueblo, siendo el de la educación uno de los principales rezagos de esa deuda, que condena al atraso y la reproducción de la cadena de pobreza, pues son los más pobres los que acuden a la escuela pública, sostiene”, comentó.