El Ministerio Público recibió la información de que había un plan de fuga por parte de los imputados en la red del cibercrimen arrestados con la Operación Discovery, por lo que “se tomaron las medidas preventivas de lugar”, reveló la procuradora de corte de Santiago de los Caballeros, Sourelly Jáquez.
Explicó que los Agentes de Tratamiento y Vigilancia Penitenciaria (VTP) realizaron un operativo e hicieron una requisa en las celdas de los imputados y "se encontraron algunos objetos que tienen que ver con lo que se presumía que era la intención (de fuga) de los imputados”, remarcó.
“Lo que se ha hecho es reforzar la seguridad por el bien de todo el sistema de justicia, incluyendo de los propios periodistas, y de todas las personas que están en el lugar por la violencia característica de esta organización criminal”, indicó.
Con la Operación Discovery se desmanteló una "poderosa estructura que, utilizando la persecución, el terror y la presión psicológica, estafaba a ciudadanos de Estados Unidos mediante la extorsión, la sextorsión y el chantaje", según los fiscales.
“El Ministerio Público continuó en la presentación de la medida de coerción, haciendo una relación fáctica a cada imputado de manera particular; por eso el Ministerio Público está tomándose tiempo, porque son múltiples y contundentes las pruebas que hay en relación a cada imputado de esta organización criminal”, agregó.
Además intentos de homicidio e incluso un asesinato
Indicó que el Ministerio Público está a la espera de una certificación de la Policía Científica, "ya que las armas ocupadas a tres de los imputados dieron positivas en las pruebas balísticas respecto a intentos de homicidio e incluso a un asesinato" de hechos delictivos investigados con antelación.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los 39 imputados arrestados en el marco de la Operación Discovery, así como la declaración del caso de tramitación compleja.
Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano rector de la acusación les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4; el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código que instruye sancionar la estafa, en perjuicio del Estado dominicano y las víctimas de los Estados Unidos.