De acuerdo a la abogada querellante Yajaira Solano, abogada de la familia Mota en el caso Calamar, informó este viernes que, tanto Ángel Lockward como Alejandro Antonio Constanzo Sosa, estarían colaborando con el Ministerio Público, razón por la que el órgano persecutor habría hecho cambios en la solicitud de coerción requerido en su contra.
Solano indicó que Lockward se puso a la disposición del tribunal para dar a conocer la manera en la que operaba la organización.
Agregó que Lockward se comprometió ante la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, quien está conociendo la solicitud de medida de coerción, que explicará la forma en la que se hacían los pagos y de cómo eran utilizados los terrenos de los sucesores para sacra el dinero del Ministerio de Hacienda, encabezado en ese momento por Donald Guerrero, principal imputado en el caso.
Sobre la variación en la solicitud de la medida por parte del Ministerio Público, detalló que pidió para Lockward arresto domiciliario y una garantía económica consistente a 7 millones de pesos.