El presidente Luis Abinader autorizó al Ministerio de Defensa retomar el proyecto del sistema de radares militares para la defensa del espacio aéreo nacional y la lucha en contra del narcotráfico, que llevaba 10 años paralizado por falta de financiamiento.

Así lo confirmó este jueves la generación del Consorcio Heaven Peralta Alta (COHPE), empresa responsable de la adquisición, instalación y funcionamiento de dos radares tridimensionales y un centro de mando, control y comunicaciones en la Base Aérea de San Isidro.

“Estamos en una fase de inventario y actualización de los equipos y la tecnología que fueron importados en 2011, para luego iniciar los trabajos de instalación de los dos radares y los equipos del centro de mando y control,” afirmó la general de la empresa a periodista de Acento.com.do.

El proyecto, que estaba paralizados por falta de financiamiento estatal, una vez instalado dará apoyo a las operaciones antinarcóticos de los aviones Super Tucano comprados a la empresa brasileña Embraer en el último de los gobiernos de Leonel Fernández.

Además, la plataforma de radares D3 permitirá detectar, interceptar y perseguir aviones del narcotráfico procedentes de Centro y Sudamérica que tienen como destino la zona este y sur de la República Dominicana.

El presidente Abinader habría tomado la decisión de continuar con el controversial proyecto tecnológico, luego de que acento publicará una serie de reportajes sobre la necesidad de los radares y las condiciones deplorables en que se encuentran los equipos adquiridos por el Estado dominicano.

Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, la empresa Cohpe entregó a la FARD 21 cajas conteniendo los equipos del C-3 ( Centro de Mando, Control y Comunicaciones), un radar de mediano alcance 2106 ATAR y todos los componentes tecnológicos y pantallas necesarios para operar el C-3.

La tecnología fue comprada al Estado de Israel a un costo inicial de 27.5 millones de dólares, pero no fueron instalados porque, supuestamente, sectores de la cúpula militar y funcionarios de la administración de Danilo Medina habían torpedeado el financiamiento del proyecto.