El Ministerio de Educación (Minerd) negó las afirmaciones que hiciera la editorial Casa Duarte SRL, empresa que apoderó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) de un recurso que demanda la anulación de la Ordenanza 03-2022 que establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje, por considerarlo violatorio a la Ley General de Educación.

En tal sentido, Manuel Núñez, director de la Unidad Editorial del Minerd, afirmó que no se está violentando ninguna Ley, como alega la editorial, ni tampoco la seguridad jurídica.

“No se está violentando la seguridad jurídica porque la seguridad jurídica no establece que el Ministerio esté obligado a comprar libros de texto a una editora privada. El Minerd, su única obligación es la de aprobar los libros que cumplan con el programa. En otros tiempos, no solo ahora, desde el año 96 el Minerd ha estado imprimiendo libros de texto”, indicó.

El funcionario explica que la Ley General de Educación, en su Artículo 94, establece la potestad del Ministerio para la elaboración de los libros de texto que serán usados en el sistema de educación público.

Específicamente, sobre las funciones centrales de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, el numeral E de dicho Artículo señala: “la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto, nuevas metodologías, instrumentos didácticos, audiovisuales, bancos de información, computadores, el periódico, la radio y televisión educativa, así como cualquier otro tipo de ayuda a la actividad educativa”.

“Entonces, ¿de dónde se inventan que esto es violatorio a la Ley? Ahora, si ellos quieren discutir la Ley, que vayan al Congreso Nacional y que demuestren que las personas que han intentado estafar al Estado están más capacitadas que los que están fuera en una empresa privada haciendo libros de texto”, precisa.

Núñez se refiere al escándalo registrado el año pasado por los contratos suscritos entre el Ministerio de Educación con cuatro editoriales para la adquisición de libros de textos en formato digital de secundaria para el año escolar 2022-2023, los cuales fueron suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La institución tomó la decisión tras acoger la solicitud de medida cautelar presentada por Editorial Actualidad Escolar 2000, S.R.L, en relación a los contratos de Educación con las empresas Cocolo Editorial, E.I.R.L., Editorial Cosme Peña, S.R.L., CA-Mart Soluciones, S.R.L. y Ediciones Salomé, S.R.L.

El director de la Unidad Editorial del Minerd asegura que con esas licitaciones, realizadas durante la gestión de Roberto Fulcar, para los libros de bachillerato totalmente digitales, hubo irregularidades.

“O asea, entregaron pendrive (memorias). Con esas entregas se recibieron las adjudicaciones por 1800 millones de pesos. Esas licitaciones el Minerd las obtuvo en las condiciones en que estas empresas vendían libros al Minerd. Entonces, en esa licitación última, en la parte de primaria, se repartieron el pastel estas empresas. Y en la parte de secundaria, el señor Cosme Peña, que tenía a Editorial Cosme, a Salomé, S.R.L., a Cocolo Editorial, E.I.R.L… que eran sus empresas. Todas juntas obtuvieron una adjudicación entre todas. Eran asociadas a él, de 1200 millones de pesos”, señala.

Dice que las demás empresas que participaron en la licitación se quejaron, y a raíz de esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) decidió investigar y suspender dicho proceso.

“Se determinó que había irregularidades, entre ellas una empresa llamada School Team, que estaba domiciliada en la Juan Erazo, número 10, en Santo Domingo, y que estaba dirigida por el chofer de Cosme Peña, ¿cómo era posible que un chofer obtuviera una adjudicación por más de 160 millones de pesos?”, se pregunta.

¿Qué dice la Ordenanza 03-2022 y cuándo será aplicada?

La Ordenanza 03-2022 del Minerd instruye la preparación, selección y difusión de libros de texto nuevos.

Núñez explica que dichos textos serían usados para el próximo año escolar 2023-2024, y que solo incluye la elaboración, más no la impresión de los mismos.

"Ese acuerdo establece los plazos para la elaboración de los libros de texto. Los contenidos serán elaborados por intelectuales, profesores de universidades y académicos. La Academia de Historia, la Academia de Lengua, la Academia de Ciencias, el Archivo General de la Nación, las universidades más conocidas y personas que están incluidas dentro de ese proceso", indica.

Reitera que el Minerd siempre ha tenido la potestad y libertad de elaborar los libros que son usados en el sistema de educación público.

"Entonces, las empresas que se han constituido exclusivamente como suplidoras del Minerd han imaginado que el Minerd no tiene derecho a imprimir libros. Yo les recomiendo a esas empresas que lean la Ley General de Educación, que en el Artículo 94 dice claramente que el Minerd tiene esa potestad. Ellos alegan que esto es ilegal. Lo que es ilegal es lo que se hacía antes.

A continuación, la Ordenanza íntegra emitida el pasado 12 de diciempre por el Ministerio de Educación: