El Proyecto de Ley que procura regular la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que se encuentra en el Congreso Nacional, establecerá un sistema de seguridad social para sus servidores que permitirá que los militares y policías puedan obtener beneficios adicionales a los acumulados en sus instituciones.
La pieza, aprobada en el Senado y que se encuentra en la actualidad en la Cámara de Diputados, establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que cursen su carrera en el DNI, tendrán derecho a indemnizaciones u otros beneficios que surjan de su estatus legal, así como a los adquiridos en las instituciones de las que pertenecen.
Los oficiales, alistados y asimilados de las entidades militares, reciben, al cumplir 20 y más años de trayectoria en las filas, una pensión cuyo monto se encuentra sujeto al rango y la posición que haya ocupado durante su permanencia. Asimismo, se otorga un sueldo por cada año en servicio activo.
En cambio, una vez aprobado y promulgado el proyecto de ley, los militares y policías que desempeñan funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia tendrán garantizadas una prestación laboral al final del servicio, de acuerdo con la posición que hayan ocupados, tiempo y sueldo en la entidad.
Además, el personal civil que trabaja en el DNI, al finalizar su periodo laboral, tendrá beneficios similares, incluyendo una pensión, tal como se establece en la iniciativa de ley que cursa en la Cámara de Diputados.
Estos beneficios están contenidos en el párrafo 111 del Artículo 20 del presente proyecto, el cual detalla lo siguiente:
“En cuanto al régimen de pensiones o cualquier otro beneficio, prestaciones y otros aspectos propios de su estatus legal, les será aplicable el fuero de la institución de la que son miembros”.
Mayores controles para ingresar
La proposición de ley establece nuevas reglas y requisitos para que militares, policías y civiles puedan ingresar o permanecer en la Dirección Nacional de Investigaciones, como un protocolo de pruebas profesionales y de integridad personal.
Las exigencias planteadas en la iniciativa legislativa incluyen la realización de pruebas de poligrafía, psicometría, antidopaje, entre otras, que resultarían esenciales como requisito para acceder a laborar o permanecer en la agencia de inteligencia del Gobierno (el DNI).
La institución persigue que los oficiales egresados de las escuelas militares y de la Policía Nacional puedan acceder de manera directa e inmediata a iniciar su carrera profesional en dicha entidad, tras haber sido graduados, si así lo desean.
Otro aspecto considerado en la pieza legislativa es la formación académica y las especialidades adquiridas por sus colaboradores, las cuales serán consideradas con el propósito de fomentar la promoción interna en la institución.
Sobre el control del personal militar y policial
La propuesta aprobada en el senado establece, asimismo, restricciones a las entidades militares y al cuerpo del orden en relación con sus miembros durante la permanencia de estos en la Dirección Nacional de Inteligencia.
El mismo artículo 20 del proyecto también indica lo siguiente en el párrafo 11:
“Durante el tiempo en el que estén prestando servicios en la DNI, estarán bajo las órdenes del director nacional y no podrán ser trasladados, requeridos, removidos o sancionados disciplinariamente por sus instituciones de pertenencia sin la anuencia de éste, ni tampoco podrán ser sometidos a ningún tipo de procedimiento por sus instituciones, sin la autorización del director de la DNI”.
De acuerdo con una fuente del mando militar, estos puntos habrían sido acordados entre las autoridades de la Dirección Nacional de Investigaciones y las Fuerzas Armadas.
En el mes de abril de 2022, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que pretende regular la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora la pieza aún pendiente de conocer en la Cámara de Diputados.