Cientos de personas de las comunidades de la Ermita en Moca, provincia Espaillat, participaron en una marcha vigilia con encendido de velas, en reclamo a las autoridades de aclarar el hecho en el cual murió Octavio Guaba, baleado por agentes policiales en un allanamiento en su residencia.
Activistas sociales, comunitarios, religiosos y parientes de Octavio Guaba, se manifestaron en repudio a la acción de los agentes policiales y reclamaron que se identifique a los responsables de disparar y quitar la vida al ingeniero agrónomo y herir a su esposa Marianela Caraballo.
En relación a la muerte del ciudadano, la Fiscalía en Santiago ha explicado que Guaba habría enfrentado a la patrulla con un arma de fuego, la cual se presume disparó en varios ocasiones, pero esta versión no la creen los deudos de la víctima, ni los vecinos, que afirman era un hombre prudente y honesto.
“En medio de los operativos cayó abatido por los agentes policiales Octavio Guaba, quien al notar la presencia de las autoridades, disparó repetidas veces contra los equipos actuantes, en un escenario en donde resultó herida una mujer que recibe atenciones médicas con un estado de salud estable y donde también un miembro de la unidad SWAT resultó herido”, notificó el Ministerio Público.
En la manifestación los activistas encendieron velas y vociferaban consignas en contra de las autoridades policiales y reclamaron justicia, para el caso.
Detalles operación
En los allanamientos hechos en los municipios Licey al Medio, en Santiago y Moca, las autoridades apresaron a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo (Hijo del fallecido Octavio Guaba), Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, a quienes se le conocerán medida de coerción el próximo viernes.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y que se declare el caso de trámite complejo.
Según las justificaciones del Ministerio Público, los arrestados e imputados comercializaban ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas, luego de adquirirlas en Estados Unidos e introducirlas al país de contrabando, a través de las compañías de envío o Shipping.