La fusión de varias instituciones y la eliminación de otras por parte del Gobierno ha generado inquietud en los 2,300 trabajadores de los Comedores Económicos del Estado, dado que esta entidad sería absorbida por el Plan Presidencial contra la Pobreza de la Presidencia de la República, y se prevé que se reduzca el número de empleados.

Como ha explicado el Gobierno, se busca reordenar el Estado mediante la fusión de seis ministerios y siete entidades, así como llevar a cabo medidas de austeridad, como la congelación de la nómina gubernamental, la prohibición de compras de vehículos, restricciones de viajes de funcionarios al exterior, festividades y publicidad estatal.

Los Comedores Económicos, que vienen operando desde 1942, tienen como objetivo principal proporcionar comidas a bajo costo para los sectores más vulnerables del país.

Esta institución, que emplea a 2,339 personas entre trabajadores fijos y contratados, se fusionará con el Plan Social Contra la Pobreza debido a que, según el mandatario, ambas entidades desempeñan funciones similares.

Los comedores del Estado están en casi todas las provincias, tanto urbanas como rurales. Según la nómina de agosto, el 85 % de sus empleados gana menos de 20.000 pesos mensuales, lo que indica que son personas de bajos ingresos que podrían quedar desempleadas si el Gobierno lleva a cabo la propuesta de fusión.

La situación es más complicada para ellos, ya que el Gobierno ha anunciado la congelación de la nómina pública desde agosto de este año, advirtiendo que no todos los empleados podrán ser reubicados en el Estado.

Los Comedores Económicos, bajo la administración de Edgar Augusto Féliz Méndez, gestionan un presupuesto de RD$ 3,769,466,554.00. Hasta agosto, han asignado RD$ 955,025,135.00 para cubrir salarios y otras compensaciones, además de las contribuciones a la seguridad social.

Empleados contactados por periodistas de Acento expresan su temor a perder sus trabajos, “aunque mal remunerados, son la fuente de ingresos para nuestras familias. Pasaremos de ser los que suministran alimentos a los más pobres, a ser quienes los reciben.”

Algunos disidentes de la propuesta gubernamental de reestructurar la administración pública temen que la iniciativa conlleve la pérdida de empleos de muchos servidores públicos, lo que podría aumentar el desempleo y afectar el bienestar de las familias de los posibles despedidos.

El presidente Abinader ha lanzado una amplia iniciativa para ahorrar RD$ 25,000 millones mediante la consolidación de ministerios y la eliminación de entidades, lo que permitirá al Ejecutivo, según el mandatario, reducir gastos administrativos y optimizar la gestión pública.

Sin embargo, esta situación amenaza con poner en la cuerda floja los empleos de aproximadamente 20,000 servidores en las instituciones que se verán impactadas por el plan de reorganización de la administración estatal.