El tema de la inseguridad ciudadana que acarrean la delincuencia y la criminalidad comunes ha estado presente en los discursos de los candidatos de la mayoría de los partidos políticos dominicanos de oposición. También ha sido el dolor de cabeza y el talón de Alquiles de los presidentes en los últimos 25 años.

Para la ciudadanía en sentido general es unos de los temas más preocupantes recogidos en casi todas las encuestas de opinión publicadas en los medios; además es analizado por especialistas y cuestionado por entidades nacionales y organismos extranjeros que elaboran informes anuales sobre el comportamiento de la criminalidad y otros temas.

Los recursos invertidos para programas preventivos de seguridad son incurables, La policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia del Estado han trabajado juntos para garantizar la seguridad ciudadana, pero sus esfuerzos han resultado insuficientes para frenar la inseguridad ciudadana.

El expresidente y candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, hace fuertes críticas al Gobierno de Luis Abinader, al que acusa de haber fracasado en el combate a la delincuencia  para garantizar la seguridad ciudadana. El tres veces expresidente considera que la República Dominicana registra niveles altos de criminalidad y violencia que ponen en riesgo la población.

Sin embargo, los indicadores sobre homicidios y violencia en los gobiernos últimos de Fernández (2004-2012), llegaron a registrar un máximo de 26 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes, conforme a datos del Ministerio de Interior y Policía.

La misma fuente de datos indica que en 2022, la tasa de homicidio por igual número de habitantes fue de solo 22 puntos, una cifra inferior a la máxima registrada en 2008 cuando Leonel Fernández fue presidente.

Durante el periodo indicado, la inseguridad ciudadana alcanzó niveles tan alarmantes que el entonces presidente Fernández emitió varios decretos para la creación de programas especiales preventivos, como la prohibición de importación de armas de fuego y restricciones de horarios en bares y discotecas, estas disposiciones no lograron la tasa de homicidio violentos que se mantuvo entre los 22 y 26 puntos.

En un intento por frenar la ola de delincuencia en el país, en 2005 Leonel Fernández creó y declaró de Seguridad Nacional el Plan de Seguridad Democrática, más tarde estableció el programa Barrio Seguro y posteriormente en 2006 el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, este último lo integró, además del secretario de Interior y Policía, el secretario de las Fuerzas Armadas, el procurador General de la República, el Jefe de la Policía Nacional, el director del DNI, el presidente de la DNCD, el titular del Consejo Nacional de Drogas y el asesor del Poder Ejecutivo para Programa de Lucha Contra el Narcotráfico (Marino Vinicio-Vincho- Castillo). Dos años después de la puesta en práctica de estos programas, la tasa de homicidios se disparó de 22 a 26 puntos.

Otras medidas

El Decreto 308-06 prohibía la venta de bebidas alcohólicas en colmados, discoteca bares, casinos y centros de diversión a partir de las medianoche (00:00 horas) de lunes a jueves, y a la 2:00 am los días viernes, sábado y domingo.

Ese mismo año, también se emitió el Decreto 309 (que aún sigue vigente) que prohíbe la importación de armas de fuego, partes y municiones para la venta a particulares, seguido por otro decreto: el 310-6 que autorizaba sacar de las instituciones públicas a oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para integrarlos a los operativos y patrullaje en todo el país, ante la crecida ola de violencia e inseguridad ciudadana.

La situación de inseguridad producto de la delincuencia, criminalidad, narcotráfico y asociaciones delictivas, creó en la población una percepción de inseguridad de 48.3 por ciento, según datos de la Encuesta Enhogar publicada en 2005.

El entonces Leonel Fernández hizo grandes esfuerzos por controlar el nivel de delincuencia y violencia, que en esos años era la segunda preocupación de la población, solo superada por el desempleo. Pero las medidas que se tomaron no fueron suficientes para garantizar la seguridad ciudadana,que hoy el expresidente le reclama al presidente Luis Abinader.

En su informe de 2008, Amnistía Internacional (AI) cuestionó al Gobierno de Leonel Fernández por el aumento de la delincuencia con violencia en el país, y la insuficiencia de las autoridades en enfrentarla; asimismo, la entidad llegó a expresó preocupación por el incremento de los homicidios ilegítimos (intercambio de disparos) por parte de la Policía Nacional, que en el periodo enero-agosto de ese año, registró 298 muertas a manos de agentes policiales, un 70% más que en el mismo periodo de 2007, indica la organización.

El nivel de criminalidad y delincuencia fue tal, que el propio presidente Leonel Fernández admitió en su última aparición ante la Asamblea Nacional, 27 de febrero de 2012, que la delincuencia y el narcotráfico amenazaban la estabilidad, la paz y el desarrollo de la República Dominicana. Esto indica, según expertos en el tema, que las políticas públicas de su gobierno con relación a la seguridad ciudadana habían fracasado.

Las cifras actuales de criminalidad y violencia contradicen las declaraciones del expresidente Fernández sobre lo que él califica como incremento de la delincuencia en el Gobierno de Luis Abinader. La tasa de homicidios durante el 2022 se mantuvo en 22.45 por cada 1000 mil habitantes, según datos oficiales consultados.

Los indicadores en el gobierno de Leonel

Durante el periodo de 2005 hasta 2010 de los mandatos consecutivos de Leonel, la tasa por muertes violentas se mantuvo entre 22.7 la más baja y 26.41 la más alta, conforme a los datos del Ministerio de Interior y Policía.

Asimismo, durante ese periodo los llamados intercambios de disparos o ejecuciones extrajudiciales alcanzaron su nivel más alto en 2005, cuando unas 2,138 personas fueron muertas por agentes de la policía, lo que equivale a una tasa de 4.81 por cada 100 mil habitantes.

Las muertes violentas en los primeros seis años de la administración de Fernández alcanzaron la cifra de 13 mil 999, de las cuales se registraron 11,761 homicidios y 2,18 muertes a manos de agentes policiales, de la Fuerzas Armadas y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Las provincias con mayor número de muertes violentas durante el periodo analizado fueron el Distrito Nacional con mil 677, la provincia Santo Domingo registró 3 mil 955, mientras que en San Cristóbal se produjeron 887 y en Santiago de los Caballero 1,315 muertes en situación de violencia.