Hoy se conmemora el “Día Mundial del Hábitat”, designado por las Naciones Unidas en 1985, con el objetivo de “reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada.”
Este año la ONU-Hábitat aborda el día bajo el tema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrás” con el propósito de llamar la atención sobre la problemática de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos, provocados por las crisis de COVID-19, el clima y los conflictos.
Y nos preguntamos, en República Dominicana, ¿las comunidades desalojadas están avanzando con nosotros?.
En el año 2021, el sábado 6 de marzo, a las 5 am, fueron desalojados forzosamente 389 familias del sector Freddy Beras Goico, en Los Alcarrizos. Un mes después, el sábado 24 de abril, a las 5 am, en La Mina ubicada en San Isidro, fueron sacadas de sus casas alrededor de 600 familias. Ambos casos fueron realizados sin previa notificación, de manera violenta y por manos de autoridades policiales y militares. Y, por si eso fuera poco, los dos violentaron los protocolos que prohíben el ejercicio de desalojos durante fines de semana y en la madrugada.
En la actualidad, 114 familias del barrio Freddy Beras Goico tienen más de un año viviendo en la escuela semi construida “Los Coquitos”. Las mismas viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable. Las enfermedades e inseguridad, son el pan de cada día.
De igual modo, las familias afectadas de La Mina, han tenido que recurrir a vivir en casas de parientes, amigos cercanos o alquilar un espacio, agregando un gasto más a su presupuesto, mientras esperan que las autoridades correspondientes den respuesta por el acto violento del que fueron víctimas.
Y así encontramos casos por todo el país, como en Santiago de los Caballeros, en la comunidad de Barceló en desarrollo en Hato del Yaque, desalojaron forzosamente a 130 familias en febrero del 2022. O el caso de Domingo Savio, en el Distrito Nacional, en donde desde agosto del 2018, se han expulsado de sus hábitats a más de 1,700 familias de La Ciénega y Los Guandules, a manos de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) a raíz de la construcción del proyecto Nuevo Domingo Savio.
Todas estas familias tenían más de 20 años viviendo en los diferentes sectores, conocían como la palma de su mano cada rincón de su comunidad. Construyeron con esfuerzo cada vivienda y crearon un hábitat junto a sus vecinos-as. Y, en un abrir y cerrar de ojos, todo fue destruido.
No han importado todas las manifestaciones pacíficas, ruedas de prensa o reuniones con autoridades gubernamentales para resolver sus situaciones, la incertidumbre sigue siendo el día a día de estas familias y no se vislumbra una solución que les devuelva el derecho a la vivienda y el hábitat.
Están estos hechos, pero también las amenazas que están tras la comunidad de Villa Arpando en Azua, en donde particulares reclaman la propiedad de todo un poblado, casi como ocurrió con el barrio Los Tres Brazos. Las familias víctimas del incendio en la Zona Colonial, sufrieron la amenaza de desalojo los mismos días en que se lamentaban de haberlo perdido todo. Parece un derrotero que abre las puertas a que sea violentado el derecho a la vivienda sin importar el arraigo de las familias y que criminaliza la pobreza.
El lema de “no miremos atrás” se está convirtiendo en una cruel realidad para estas familias. Mientras el gobierno afirma que “estamos cambiando”, los hechos dicen que estamos entrando a una época oscura en donde se valida el desalojo mientras se viola el derecho a la vivienda digna para todos y todas. Parece que el artículo 59, es solo un deseo en el aire.
Y es así como, con cada día que pasa, con cada año que se suma, la brecha se sigue ampliando en detrimento de las familias más empobrecidas y excluidas.