Save the Children Internacional, junto a la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, anunciaron un plan para detectar, prevenir, atender y denunciar la explotación sexual y la trata de niñas, adolescentes y mujeres.

Representantes de las instituciones involucradas en el proyecto.

El programa que cuenta con un apoyo financiero de 400 mil euros, se realizará en Verón, Friusa, Bávaro, Punta Cana y proyecta impactar unas 968 personas de manera directa, 4,115 indirectas y 22,600 de la población en general.

El plan de protección integral de niñas, adolescentes y mujeres frente a la trata con fines de explotación sexual comercial en la República Dominicana, tendrá una duración de dos años y forma parte del programa de Protección Frente a Violencia de la organización Save the Children Internacional, explicó la directora ejecutiva de la entidad, Alba Rodríguez

Recordó que han trabajado contra la explotación sexual de niñas en otras comunidades del país como en zonas de San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

Dijo que pretenden crear todo un modelo de trabajo donde intervengan las autoridades, empresas, y sindicatos a fin de aumentar la prevención, sobre todo en sectores con población en riesgos por cuestiones de pobreza y faltas de oportunidades.

El embajador de España, Antonio Pérez-Hernández, valoró las dimensiones positivas de esta iniciativa y recordó que se trata de un “mal mundial” que afecta a miles de personas.

“Con esta iniciativa contribuimos a su detección y denuncia”, expresó.

Además de Save the children Dominicana y Cooperación Española, el programa cuenta con la participación de las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Turística (Politur), Ministerio de la Juventud, Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Oficina Municipal de Trabajo, Ministerio de Salud y Sindicatos de Transporte.

Save the Children Dominicana realiza desde el 2017 el Programa de Protección Frente a Violencia y que aborda la trata en otras áreas del país, como en las zonas portuarias de Haina, San Cristóbal y bateyes en San Pedro de Macorís.

De acuerdo con la organización la ley de Contrabando y Trata de Personas de 2003, requiere a una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños y, por lo tanto, no criminalizaba todas las formas.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en estas zonas, un 70% de adolescentes y mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia, como la Explotación Sexual Comercial (ESC), matrimonio servil y pornografía infantil.

En 2020 se judicializaron 83 casos de trata de los que 41 fueron niñas y adolescentes y 22 mujeres, todos con fines de Explotación Sexual Comercial.