Felipe Morales, periodista Judicial de El Espectador, es el autor de este interesante trabajo sobre cómo actúan los persecutores de medios y de periodistas.

¿Sabe quién escribió el mensaje que enviaron por el grupo familiar de WhatsApp esta semana y que anuncia que fue “reenviado muchas veces”? ¿Le ha pasado que lo agrega una persona en Facebook, a quien no conoce personalmente, pero tienen muchos amigos en común y se la pasa compartiendo memes? ¿Ha tenido problemas para encontrar en Google el rastro de una persona con la que va a hacer negocios?

Todas estas prácticas han sido vinculadas a la industria de la desinformación. Un mercado global y oscuro, que mueve millones y que se alimenta de nuestro consumo constante —y muchas veces inocente— de las redes sociales. Yo también reenvié una cadena, también acepté esa solicitud de amistad de alguien que no conocía y le di me gusta a ese meme político. Pero en los últimos meses entendí el negocio que hay detrás, porque tuve la oportunidad de ver sus entrañas desde el periodismo.

https://forbiddenstories.org/

Bajo la coordinación del consorcio francés Forbidden Stories, que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados, más de 100 periodistas de todo el mundo nos juntamos en la investigación Story Killers, o asesinos de historias, sobre la que puede leer más aquí. Queríamos continuar el trabajo que inició Gauri Lankesh, periodista india asesinada por informar sobre las “fábricas de mentiras de su país”, lo que en Colombia recibió el nombre de “bodeguitas”: maquilas de desinformación, que engañan con intenciones políticas, económicas, militares.

Yo llegué tarde al proyecto, pero mientras leía los avances de mis colegas alrededor del mundo me daba cuenta que el diminutivo le resta seriedad a esta industria. Venden estrategias para interferir en elecciones. Eliminan el pasado de criminales condenados de la web. Ofrecen a fuerzas militares del mundo herramientas de vigilancia masiva e incidencia en asuntos políticos sin ningún control.

Eliminalia, borrar el pasado

En El Espectador nos concentramos en las dos últimas líneas de negocios. En la primera está Eliminalia, una firma española con sede en Barcelona que vende el servicio de borrar el pasado de sus clientes. Una filtración de más de 50.000 documentos los dejó al descubierto: sus tácticas para engañar motores de búsqueda, cómo podrían haber suplantado a funcionarios de la Unión Europea y las amenazas judiciales a medios de comunicación que enviaron a medios de todo el mundo.

Además, sus clientes quedaron expuestos. La filtración muestra que entre los colombianos que pagaron por los servicios de Eliminalia está Jeovany Pedraza Peña, hermano del excomandante paramilitar Ramón Mojana, condenado por lavado de activos. Pedraza Peña hizo todo a través de una empresa en Medellín, intermediaria que también les hizo el puente a otros dos hombres condenados por lavar dinero del paramilitarismo.

Aquí puede leer esa historia.

También hay un exministro, un exembajador, cirujanos plásticos y personas vinculadas al narcotráfico, como contamos en esta historia. Si quiere conocer a fondo las tácticas de Eliminalia, la historia de su fundador —que parece sacada de una telenovela— y lo que ha sido de la empresa desde que los periodistas comenzamos a hacer preguntas, vaya a esta historia, que escribieron nuestros colegas del Organized Crimen and Corruption Reportin Project (OCCRP).

Los peligros de la vigilancia masiva

De otro lado, en información del Comando General de las Fuerzas Militares, filtrada por el grupo de hackers Guacamaya, encontramos documentos secretos que describen un proyecto que tiene como objetivo aumentar las capacidades de inteligencia militar, con un capítulo grande sobre redes sociales e internet. Los militares lo llamaron proyecto Osint, siglas de open source intelligence, una disciplina informática de acudir a todas las fuentes abiertas y en su estructuración se reunieron con empresas cuestionadas, incluso, por campañas de desinformación. (Aquí un colega nos cuenta, por ejemplo, de Mollitiam Industries)

Para mí no era extraño y seguramente para usted tampoco, porque con herramientas de Osint fue cómo la inteligencia del Ejército perfiló a decenas de periodistas en el escándalo revelado en 2020 que se conoció como “Carpetas secretas”. Básicamente, con darle un nombre, una tendencia o un hashtag, un software de Osint como los que le ofrecieron a los militares puede hacer relaciones, y obtener números de teléfono, historiales académicos, entre otros datos.

Si bien en un mundo cada vez más digital resulta lógico que el Estado pueda detectar amenazas y perseguir delitos en la web, hay muchos peligros, de los que descarto tres. Primero, el historial de abusos que tienen los organismos de inteligencia, que han quedado al descubierto en escándalos como el de las “chuzadas” o el mismo de “carpetas secretas”.

Segundo, que en los documentos que pudimos conocer del proyecto Osint no hay la más mínima mención a cómo prevenir futuros abusos. Y tercero, que, según me dijeron expertos en el tema, las herramientas que está adquiriendo y ha adquirido el Estado colombiano son tan poderosas, que prácticamente todos los que utilizamos internet estamos expuestos. Esa historia puede leerla aquí.

Luego de nuestra publicación, dos ONG publicaron sus propios informes sobre los peligros de las herramientas de Osint que ha adquirido la Fuerza Pública —y también la Fiscalía—. Aquí puede leer sobre el informe que publicó la Flip, que advierte de los riesgos para la libertad de expresión y de opinión, y aquí sobre el de la Fundación Karisma, que analizó cinco contratos de esta industria y halló preocupaciones que van desde la modalidad de contratación hasta que la información de colombianos está siendo almacenada en servidores extranjeros.

En últimas, esta mirada inédita a la industria de la desinformación me ha ratificado que las “bodeguitas” no solo son reales, sino que sabemos poco de ellas. En Colombia no hay regulaciones sobre el tema, muchas de estas empresas se mueven entre vacíos legales y en la sombra.

Aquí puede leer sobre el informe que publicó la Flip, que advierte de los riesgos para la libertad de expresión y de opinión, y aquí sobre el de la Fundación Karisma, que analizó cinco contratos de esta industria y halló preocupaciones que van desde la modalidad de contratación hasta que la información de colombianos está siendo almacenada en servidores extranjeros.

En últimas, esta mirada inédita a la industria de la desinformación me ha ratificado que las “bodeguitas” no solo son reales, sino que sabemos poco de ellas. En Colombia no hay regulaciones sobre el tema, muchas de estas empresas se mueven entre vacíos legales y en la sombra.

Ñapa: Si quiere saber sobre las estrategias que vende una empresa llamada Team Jorge para interferir en elecciones, pase por esta historia que publicó The Guardian, miembro del consorcio periodístico.