| Esta es la segunda parte del reportaje: "Justicia y Prensa: encontrando el equilibrio entre el derecho a saber y el derecho a un juicio justo" |
La transformación digital ha marcado un antes y un después en el funcionamiento del Poder Judicial de la República Dominicana. Gracias a la implementación de tecnologías innovadoras, como el Sistema de Gestión de Casos (SGC) y la firma digital, los tribunales han experimentado una mejora considerable en la eficiencia y transparencia de sus procesos.
Según la magistrada Octavia Fernández, estos avances han permitido reducir el tiempo de búsqueda de documentos y la emisión de sentencias, optimizando la gestión de casos.
Uno de los desarrollos más destacados ha sido el SGC, que centraliza toda la información judicial en un único repositorio digital. Esto no solo ha facilitado el acceso inmediato a expedientes para jueces y servidores judiciales, sino que también ha permitido a los ciudadanos gestionar sus trámites judiciales de manera remota las 24 horas del día.
La magistrada Fernández resaltó que "la firma digital ha sido un factor clave en la agilización de las resoluciones", eliminando los retrasos causados por procesos manuales.
Según datos del Poder Judicial el tribunal durante todo el estado de emergencia ha generado 26,409 decisiones, celebrado 7,154 audiencias, con un 97% de estas en modalidad virtual, lo que ha permitido responder a los asuntos urgentes presentados durante el período y adelantar los casos que estaban pendientes.
Sin embargo, la implementación de estas tecnologías no ha estado exenta de desafíos. Un hito importante fue la sentencia TC/0286/21 del Tribunal Constitucional, emitida en agosto de 2021, que obligó a suspender los juicios virtuales, un recurso fundamental durante la pandemia.
La sentencia argumentó que los juicios virtuales no garantizaban principios procesales como la inmediación y la oralidad. Este fallo supuso un retroceso temporal en el proceso de digitalización del sistema judicial, que había demostrado su eficacia en tiempos de emergencia.
A pesar de estos obstáculos, el Poder Judicial ha continuado avanzando en otros aspectos de la digitalización, como la implementación del expediente digital y la automatización de plantillas de sentencias, lo que ha permitido agilizar la emisión de decisiones judiciales sin comprometer la calidad de las resoluciones.
Fernández señaló que "la tecnología ha mejorado significativamente la transparencia del sistema", permitiendo a los ciudadanos acceder a información actualizada sobre sus casos y fortaleciendo la rendición de cuentas.
Otro aspecto innovador ha sido el uso de blockchain para garantizar la seguridad de la información judicial. Este enfoque ha sido reconocido como un caso de éxito por Microsoft, ya que asegura que cualquier modificación o acceso a los datos quede registrado de forma inmutable.
Además, se han implementado herramientas de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial (IA), como Darktrace, para prevenir posibles ataques informáticos.
El uso de IA efectivamente se está expandiendo en el ámbito judicial y un ejemplo de ello es que en salas de audiencias piloto se ha implementado un sistema de transcripción automática de audio a texto, que ha reducido significativamente el tiempo de generación de actas.
Asimismo, el Poder Judicial tiene previsto introducir IA generativa en la redacción de sentencias en la Suprema Corte de Justicia, lo que promete mejorar la calidad y precisión de las decisiones judiciales.
Sin embargo, la magistrada Fernández subrayó la importancia de abordar el uso de IA con una perspectiva ética, garantizando que su aplicación sea justa y libre de sesgos.
"La IA no reemplazará a los jueces, pero será un aliado en la administración de justicia", afirmó, añadiendo que es fundamental capacitar al personal judicial en el uso de estas herramientas para asegurar su correcta implementación.
La relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación también ha sido un punto focal en la modernización del sistema.
La Escuela Nacional de la Judicatura ha desarrollado la Cátedra de Comunicación y Justicia Dr. Adriano Miguel Tejada, cuyo objetivo es precisamente mejorar la comunicación entre jueces, medios y sociedad.
Esta iniciativa busca educar a los periodistas en el funcionamiento del sistema judicial, promoviendo un periodismo que, además de su esencia de informar con veracidad, se enmarcado en el respeto a los derechos procesales en todas sus fases.
A medida que el Poder Judicial de la República Dominicana continúa su proceso de digitalización, queda claro que la tecnología no solo ha transformado la operatividad de los tribunales, sino que además ha fortalecido la transparencia y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Aun así, los desafíos persisten y tanto los jueces como los periodistas tienen un papel crucial en garantizar que la tecnología sea utilizada de manera efectiva y en beneficio de todos.
Influencia de los medios en la Justicia Penal
En el contexto actual de la justicia penal, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales se ha convertido en un tema candente de debate. Robinson Reyes, abogado y pedalista, expresa sus preocupaciones sobre cómo los medios, tanto tradicionales como digitales, pueden inclinar la balanza de Themis, la diosa de la Justicia, en los procesos judiciales.
Reyes argumenta sobre el principio de objetividad y la interpretación que hace un periodista de medios de prensa y que puede tener un impacto significativo en la percepción pública de un caso.
En contraste, las redes sociales, a menudo impulsadas por pagos y favoritismos, presentan una influencia aún más directa y polarizada, atacando o defendiendo unilateralmente a los involucrados en un juicio.
El abogado también criticó a los medios "que sirven" a la Procuraduría General de la República, evaluando que estos suelen publicar solo la información que les conviene, y a veces presentan datos distorsionados.
En el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, observa que la cobertura se limita frecuentemente a la postura del tribunal, sin dar el mismo peso a las posiciones de la fiscalía o la defensa.
Reyes destaca el impacto de la cobertura mediática en la percepción pública y en las decisiones judiciales, sugiriendo que cuando los medios atacan a la fiscalía o a los jueces efectivamente pueden influir significativamente en el resultado de los juicios.
Lamenta que el principio de objetividad se haya visto comprometido y enfatiza en ello la responsabilidad que le cabe a los directores y jefes de redacción en garantizar una cobertura equilibrada.
Finalmente, Reyes subraya que la confidencialidad debe ser una prioridad para los abogados y los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de información delicada que podría comprometer la seguridad de los imputados.
Llama a un enfoque más ético y responsable en la cobertura mediática de los casos judiciales, para preservar la integridad del sistema de justicia y proteger los derechos de todas las partes involucradas.
El Poder Judicial como garante del equilibrio entre la libertad de prensa y la protección de derechos fundamentales
En una entrevista reciente, Harold Modesto, secretario general del Defensor del Pueblo, destacó la importancia del Poder Judicial en equilibrar el derecho a la libertad de prensa con la protección de la privacidad y los derechos de los involucrados en casos judiciales.
Según Modesto, la clave para lograr este equilibrio radica en la ponderación adecuada de ambos derechos fundamentales, dependiendo del contexto específico de cada caso.
Modesto subrayó que ambos derechos, tanto la libertad de prensa como la privacidad, son esenciales para la democracia, y que la decisión judicial debe fundamentarse en una motivación clara que explique por qué uno de estos derechos puede prevalecer sobre el otro en un caso concreto.
“La clave aquí es la motivación del juez que está haciendo el ejercicio de ponderación de ambos derechos”, afirmó.
En cuanto al rol del Defensor del Pueblo, Modesto explicó que su función principal es garantizar los derechos fundamentales de las personas, especialmente en casos donde los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de los involucrados en procesos judiciales.
Recomendó, además, cumplir rigurosamente con lo establecido en el Código Procesal Penal, el cual garantiza que los imputados no sean expuestos de manera que se afecte su reputación, protegiendo también a las víctimas del escrutinio mediático excesivo.
Regulación de la relación entre el Poder Judicial y la prensa
Modesto opinó que las leyes actuales que regulan la relación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación son suficientes para garantizar tanto la libertad de expresión como el derecho a un juicio justo.
En los últimos años, destacó, se ha visto una disminución en la cantidad de casos en los que se acusa a jueces de comportamientos no éticos, lo que ha contribuido a mejorar la imagen del Poder Judicial.
“Se nota un esfuerzo por parte del Poder Judicial para promover el acceso a la justicia a través de campañas informativas y el uso de la tecnología”, añadió Modesto.
Este esfuerzo incluye el suministro de medios digitales que facilitan el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia, lo que permite un seguimiento más oportuno de los procesos judiciales y una mayor comprensión de las decisiones emitidas por los jueces.
Modernización del sistema judicial y el rol de los medios
El impacto de la digitalización y modernización de los procesos judiciales ha sido positivo, según Modesto, ya que contribuye a una mayor transparencia y acceso a la justicia para la ciudadanía.
Las decisiones judiciales están ahora más accesibles, lo que permite que los ciudadanos puedan analizar las motivaciones de los jueces y formarse sus propios criterios basados en la información oficial.
En cuanto a garantizar la imparcialidad de los jueces, Modesto apuntó a la existencia de normas claras y suficientes en el sistema judicial, con un enfoque particular en la ética de los servidores judiciales.
En este sentido, resaltó la necesidad de una colaboración continua entre los medios de comunicación y el Poder Judicial para fomentar un trabajo conjunto que promueva un lenguaje adecuado en la cobertura de temas judiciales.
Finalmente, Modesto hizo un llamado a la formación especializada de periodistas que cubren la fuente judicial, enfatizando la importancia de que comprendan la terminología legal y los matices de los diferentes procesos.
“Es fundamental que los periodistas manejen con cuidado los derechos fundamentales y la privacidad de los involucrados en los casos judiciales”, insistió.
La magistrada Octavia Fernández subrayó a su vez la importancia del respeto a la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación.
En un análisis sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos judiciales, la magistrada enfatizó que, tal y como lo estipula la normativa legal y la Constitución, la presunción de inocencia debe ser respetada en todo momento.
Sin embargo, señaló que en el país no siempre se cumple con este principio, fundamentalmente garantizado por el artículo 14 del Código Procesal Penal (CPP) que establece: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una sentencia irrevocable declare su responsabilidad, y corresponde a la acusación destruir dicha presunción”.
Fernández hizo un llamado a los periodistas a tener presente este principio al redactar o usar contenido audiovisual sobre casos en curso. Reiteró que el uso de la palabra “presunto” es esencial durante las etapas iniciales de los procesos judiciales, para evitar prejuzgar a los involucrados.
En cuanto al acceso al Poder Judicial, la magistrada señaló que se aplican protocolos de comunicación que establecen cómo los medios deben cubrir las audiencias, especialmente en casos de alta visibilidad.
Estos protocolos están actualmente en proceso de revisión para ajustarse a la nueva política de comunicación del Poder Judicial, particularmente en lo relativo a la protección de los datos personales de los implicados en casos judiciales.
Cuando se anticipa que un caso atraerá atención mediática, se entrega a los periodistas guías sobre los protocolos de cobertura con el objetivo de orientarlos sobre la mejor manera de abordar dichos procesos.
Además, Fernández recomendó como una necesidad el establecer canales de diálogo permanentes entre jueces y medios de comunicación, así como una mayor apertura de los jueces hacia la sociedad, no limitándose a “hablar solo a través de las sentencias”.
La magistrada subrayó que la formación y el compromiso de los periodistas y jueces son esenciales para lograr un equilibrio adecuado entre la correcta cobertura mediática y el respeto a los derechos fundamentales.
Este esfuerzo de educación está siendo promovido por la Escuela Nacional de la Judicatura, que trabaja en conjunto con actores del sistema de justicia y periodistas para garantizar una mejor comprensión de los protocolos judiciales.
Fernández concluyó afirmando que la clave para este equilibrio reside en la educación, el uso de un lenguaje claro y un compromiso con la responsabilidad, elementos fundamentales para asegurar el respeto de los principios jurídicos en la cobertura mediática de los procesos judiciales.