La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó hasta mañana a las 3:00 de la tarde su decisión sobre la medida de coerción solicitada contra los implicados en el caso Camaleón, una red de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios ligados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
A su salida de la audiencia, el fiscal Wilson Camacho confirmó "la solidez" de las evidencias presentadas contra los acusados.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva en base a la presentación de 225 medios de pruebas que sustentan su acusación.
Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, ex director ejecutivo del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología del Intrant, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., beneficiario de contratos tenidos como fraudulentos.
Además, están detenidos Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico, y Carlos José Peguero Vargas, ambos presuntamente implicados en la red que, según el Ministerio Público, se dedicaba a manipular contratos en perjuicio del Estado.
La audiencia final para dictar las medidas será crucial para definir el rumbo del proceso judicial en este sonado caso de corrupción.