La jueza Yanibet Rivas, titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, decidió variar la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria del mayor general Adán Cáceres, la pastora pentecostal Rossy Guzmán Sánchez y el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, detenidos por corrupción en el marco del caso desarticulado con la denominada Operación Coral.
En el caso de los varones, la magistrada Yanibet Rivas impuso el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.
En el caso de la pastora de la Iglesia Cristiana Pentecostal Shalom Tierra de Paz le impuso el pago de una garantía de RD$ 50 millones bajo modalidad de contrato, impedimento de salida y grillete electrónico.
Al cabo de la Policía Nacional y también pastor pentecostal Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Guzmán Sánchez, se le impuso también arresto domiciliario, impedimento de salida del país y uso de grillete electrónico.
Todos ellos son acusados por el Ministerio Público de formar parte de una supuesta red de corrupción desarticulada con la denominada Operación Coral, en la que figura como principal implicado quien fue jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el general Cáceres. Contra todos ellos pesa la acusación de asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado.
Habla Wilson Camacho
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró tras la decisión de la jueza que en definitiva lo que "se busca es que el Ministerio Público no haga grandes ni exhaustivas investigaciones".
“Este tribunal con la decisión de hoy pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función. Eso no va a pasar, nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones, nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos presentando”, declaró Camacho a los periodistas.
“Este país -prosiguió- es el único en el mundo en que el debido proceso y la lógica solamente aplican para beneficiar a los acusados, a los procesados por caso de corrupción. El tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad en este caso, pero esta complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo”.
A través de las operaciones anticorrupción Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas) imputadas de defraudar al Estado dominicano por más de 4 mil millones de pesos.
El supuesto entramado operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Este lunes, y a diferencia de lo actuado hoy por el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la víspera la prisión preventiva contra el general Boanerges Reyes Batista y el capitán de navío Franklin Mata Flores, imputados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Coral 5G.