El juez Edward Abreu, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de habeas corpus interpuesto por la defensa de José Ramón Peralta implicado en caso Calamar.
En la audiencia, el magistrado motivó su decisión por entender de que la medida de coerción impuesta por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se hizo acorde con el ordenamiento jurídico.
Abreu fijó para el 3 de agosto a las 2:00 de la tarde la lectura íntegra del fallo.
Tras salir de la sala de audiencia los abogados defensores insistieron que las condiciones están dadas para que se produjera la puesta de libertad de su defendido.
Pedro Balbuena, representante legal del exministro, manifestó inconformidad con dicho fallo e informó que apelará esta decisión.
"Si resultara necesario, con este tema llegaremos al Tribunal Constitucional", aseveró.
Continuó diciendo que la prisión preventiva que pesa contra su defensa "es arbitraria, irrazonable y fue dictada sobre la base se una ausencia de pruebas".
En fecha 19 de marzo del presente año, la Procuraduría General de la República anunció el arresto de veinte personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones, investigados en el denominado caso Calamar.
Los principales imputados son los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño; el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.