El exprocurador Jean Alain Rodríguez, a través de su Consejo de Defensa, solicitó a la Cámara de Diputados, como órgano fiscalizador, interpele a la PEPCA respecto a la pérdida de millones de pesos por detención de las obras relativas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Los representantes del exfuncionario sostuvieron que este plan le permitirá a la procuradora general, Miriam Germán Brito, continuar con la puesta en funcionamiento de los recintos penitenciarios de La Nueva Victoria, San Juan de la Maguana y otras en proceso de construcción, respetando los 11 contratos firmados por ella.
En el comunicado, la defensa de Rodríguez insistió en que existen presuntas rencillas personales, las cuales pidió dejar de lado y sobreponer el interés colectivo "bajo el principio de continuidad de Estado y sentido humano" para así evitar además que se pierdan ocho mil millones de pesos del dinero del pueblo dominicano.
Agregó que en las adendas, firmadas por la actual procuradora, se constata que las adjudicaciones realizadas durante su gestión fueron el resultado de un "minucioso y exitoso proceso de licitación dice la propia Miriam Germán Brito".
"Además – sostuvo -, esta ratificó de forma expresa en todas sus partes dichos contratos, por su propia decisión y atribuciones que le confiere el cargo, decidió otorgarles más tiempo a los contratistas exonerándoles las penalidades por retraso en la entrega ocasionadas por la pandemia y además elevó los montos de los 5 contratos del recinto de la Nueva Victoria en más de 220 millones no contemplados en los contratos iniciales en beneficio de los contratistas, aplicando la cláusula de equilibrio económico de los contratos para viabilizar las obras", destacó Carlos Balcácer, abogado del exprocurador general de la República.
Los juristas coincidieron que al detener las obras, no solo se continúan con la situación de hacinamiento, exponiendo a los internos a condiciones inhumanas. Esto, subrayó, propicia motines y situaciones conflictivas que derivan en muertes y heridos, sino que se apuesta a las pérdidas de garantías de las obras y de equipos por cientos de millones de pesos que "llevarán a la destrucción dolosa e intencional de más de 8,000 millones de pesos del dinero del pueblo dominicano", por lo que deberán responder personal y solidariamente los funcionarios de la PEPCA y todo funcionario responsable de dichas pérdidas.
"No es necesario ni se contempla legalmente detener las obras para que la Cámara de Cuentas pueda auditarlas, lo que debe realizarse minuciosamente, más aún cuando los fondos para saldar dichos compromisos estaban reservados. La detención de las obras ha generado pérdidas millonarias irreparables, ya que solo el hecho de paralizar la obra requerirá aumentar de nuevo los montos a los contratistas. Punta Catalina esta siendo auditada y a nadie se le ocurriría apagar el país para llevar a cabo dicho proceso".
Advirtieron que todas las obras están protegidas por un contrato con las debidas garantías, fianzas de fiel cumplimiento y vicios ocultos de tres años que no han vencido aún, reclamó a los contratistas del eventual cumplimiento de sus responsabilidades y reparación de supuestos vicios.
“Hace solo días se cayó un techo en el congreso y no vemos, ni deben estar en prisión los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados como ha sucedido con el ex Procurador por temas de pinturas e impermeabilizantes”, expresó Balcácer.
El Consejo de Defensa del exprocurador solicitó a la Cámara de Diputados interpelar al director de la PEPCA, Wilson Camacho, para que explique porqué ordenó la detención de las obras innecesariamente cuestionando el porqué no han reclamado las garantías de los supuestos vicios a los contratistas entre otros aspectos de importancia para evitar la pérdida de miles de millones de pesos del dinero del pueblo dominicano.