El denominado "Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez", en una ofensiva informativa para ponderar el sistema penitenciario levantado por el ahora apresado, sostuvo hoy que "la imputación a la que la PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) atribuye mayor peso (en su acusación penal) es la relativa al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en específico La Nueva Victoria", aunque para ese nuevo recinto carcelario aseguran que dejó "más de 300 millones" para pagar por "compromisos" y que la actual gestión "sumó 220 millones no estipulados".
"Lo que se busca es minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional", que fue iniciado por Jean Alain Rodríguez, añaden el texto de prensa difundido hoy.
El proceso de construcción del nuevo recinto penitenciario "fue ratificado por la actual Procuraduría General, con pagos adicionales de más de 220 millones no contemplados inicialmente, cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos les corresponde realizarlos a la actual gestión lo que la PEPCA ha entorpecido con una falsa acusación", subraya la defensa del exprocurador.
Diferencian a la PEPCA de la actual procuradora
Asimismo, afirman que las contrataciones iniciales se llevaron a cabo bajo "un proceso diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos" de acuerdo con lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas seis (6) empresas constructoras que "cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel".
El exprocurador "está privado de libertad sin haberse realizado la auditoría que indique si hubo irregularidades", apunta y añade que "para auditar no hay que parar una obrar ni cerrar una institución generando millones de pesos en pérdidas al Estado, por cuyos graves daños deberá responder la PEPCA y no el exprocurador ni la actual procuradora al asumir correctamente las mismas y hasta mayores responsabilidades legales".
La procuradora general, Miriam Germán Brito, "ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales", asegura el texto del "Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez", que nombra a los abogados Gustavo Biaggi Pumarol y Francisco Franco.
Lo actuado por Germán Brito, prosigue el escrito, "contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria. Es un absurdo privar de su libertad a nuestro cliente sin él ser constructor y sin haber violado la ley en este sentido cuando además la actual gestión firmó los mismos contratos y pagó un sobre precio por las obras que el Ministerio Público define como inservibles en su Medida de Coerción”, añadió Biaggi.