A mediados del mes julio y principios de agosto de 2020, durante la transición del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, en la Procuraduría General de la República se inició un operativo de destrucción masiva de documentos públicos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones públicas de la Procuraduría, por orden del extitular de dicha entidad, Jean Alain Rodríguez.

Así lo establece el expediente acusatorio contra el exprocurador, así como otros exfuncionarios y empresas acusadas de corrupción, sobrevaloración de obras y pago de sobornos, depositado por el PEPCA el pasado fin de semana.

Según el documento, como parte de una política del exprocurador Rodríguez Sánchez de “no dejar información”, en la Procuraduría General de la República, habrían sido destruidas certificaciones de existencia de fondos, actas de adjudicaciones y certificaciones, entre otros.

El proceso habría sido dirigido por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes.

"La razón argumentada por el acusado Johannatan Loanders Medina Reyes para ordenar destruir esos documentos públicos fue dejar las oficinas limpias a la nueva gestión”, establece la PEPCA en su acusación.

Específicamente, según la entidad investigativa, los documentos públicos de los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República que se trituraron o destruyeron, fueron: las certificaciones de existencia de fondos, actas de aperturas, actas de inicios, actas de adjudicaciones, actas de notificación de oferentes, actas de resultados de evaluación, pliegos de condiciones, fichas y especificaciones técnicas, publicaciones en periódicos, originales y copias de los sobres A y B, entre otros documentos de índole administrativa.

Dichos documentos se encontraban en la oficina del acusado Medina Reyes, cuya oficina tenía acceso restringido y solo compartía la llave con su mano derecha, el acusado Francis Ramírez Moreno.

El proceso de "destrucción masiva" de documentos

En el expediente se detalla que para ese presunto operativo de destrucción de documentos públicos se instaló una máquina trituradora, la cual fue utilizada, primero en la oficina de Medina Reyes, donde reposaban los documentos públicos en original y copias, de los procesos de compras.

El relato de la PEPCA señala que para ese proceso se instruyó a los técnicos en compras Jeniffer Paola Sánchez Rodríguez, Marleny Pérez y el acusado Francis Ramírez Moreno.

Posteriormente – según el expediente -, el proceso de trituración fue trasladado a la oficina de la señora Amelia Isabel Escaño Mieses, donde fueron instruidos los técnicos de compras Jenniffer Maricet Peña Hernández, Francys Adalberto Pacheco Soto y Narcisse Heriberto Rivas Garib, a sumarse al operativo de destrucción de documentos ya iniciado.

"Este proceso de destrucción o trituración de documentos públicos fue realizado por un periodo de aproximadamente tres semanas entre las fechas antes indicadas", agrega.

Los desechos eran recolectados en bolsas plásticas (fundas) de color negro, las cuales eran recogidas por el personal de limpieza para su retiro a la basura.

La eliminación de documentos, afirma la entidad, se corroboró con la no existencia de la documentación física del Departamento de Compras relativa a los procesos de compras, las cuales, según la certificación del 16 de mayo de 2022, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, así como por la Dirección Jurídica del Ministerio Público, mediante oficio No. PGR-DJ-0381-2022, de fecha trece 13 de mayo de 2022, hacen constar que en sus archivos no reposan las actas físicas originales y digitales de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones, así como los informes realizados por los peritos.

Asimismo, establece que la directora general Administrativa del Ministerio Público, en fecha 23 de junio de 2022, certificó que, en los expedientes de pagos resultante de los procesos de Licitación Pública Nacional y

Comparación de Precio, de adquisición de bienes y servicios, del periodo del 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, no se encuentran las actas originales físicas de las sesiones del Comité de Compras y Contrataciones.