Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, habría favorecido a por lo menos 7 empresas que, según el Ministerio Público, guardarían algún vínculo con el exfuncionario dominicano.
Así lo establece el órgano persecutor, que este lunes, durante la lectura de la acusación del caso Medusa en la audiencia preliminar, nombró a la empresa Distribuidora Ropi, SRL como una de las empresas creadas con la única intensión de participar en licitación de alimentos para las cárceles del país efectuado por la gestión del exprocurador.
La acusación establece que, a través de estas empresas, se malversó dinero en pagos a proveedores de alimentos de mala calidad.
El fiscal Miguel Collado dijo ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que entre las evidencias con la que cuentan para demostrar la vinculación de la Distribuidora Ropi con el exprocurador de la República, se encuentra con históricos de transferencias, y destacó que en febrero 2020 se facturó bajo el concepto de alimentos a los centros penitenciarios de La Vega por un monto de un millón seiscientos veintiséis mil ochenta y nueva.
Otra transacción que benefició a esta empresa por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos.
Señaló que cada una de estos procesos se realizó con órdenes de compras y se cuentan con sellos de la Contraloría Genera, al igual que otros elementos con los que cuenta el Ministerio Público.
Además de Distribuidora Ropi, SRL , figuran en la acusación las empresas Getrant del Caribe SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Herrajes Rachel SRL, Comercial Viaros SRL, Rogama SRL, F & F Ezel Import SRL, Divamor Group SRL, y Ropalma SRL.
Las audiencias de este proceso son celebradas martes y viernes de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
La documentación en este proceso consta de 12,274 páginas, donde figura como principal acusado, Jean Alain Rodríguez exprocurador.
En este Caso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.