La auditoría de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) practicada al Ministerio de Agricultura y en la cual se detectaron 20 procesos financieros no transparentados, pudieran comprometer legalmente a un grupo de exfuncionarios que laboraron en la entidad entre 2013 y 2015.
Las irregularidades, con ribetes de corrupción, superan los RD$ 2,500 millones durante la administración de Luis Ramón Rodríguez Peña, en el gobierno de Danilo Medina.
El dispositivo legal de la auditoría atribuye, además del exministro Rodríguez Peña, responsabilidades legales a los exfuncionarios de las áreas financiera, contable, jurídica y de Recursos Humanos, por las supuestas anomalías detectadas en la institución oficial.
La experticia refiere que los exfuncionarios que, en ese momento, dirigieron los referidos departamentos son: Héctor Manuel Arismendi Cabrera, exdirector administrativo, José Vladimir Pujols, extesorero; Ramón Alberto Villaverde, exencargado de nóminas, Guillermo de Jesús Castillo, exdirector del departamento financiero, así como Manuel de Jesús Núñez Castillo, exencargado de construcción y reconstrucción de caminos vecinales y otros.
Estos exfuncionarios del Ministerio de Agricultura pudieran tener responsabilidad legal por las siguientes anomalías financieras:
1) La entidad no elabora estados financieros, ni reporte de mayor general (no cuantificada).
2) Diferencias en la cantidad de las cuentas bancarias confirmadas, las cuales al 31 de diciembre de 2015 presentan un valor de RD$ 3,057,302.
3) Retenciones no pagadas a la DGII e Inavi por valor de RD$ 28,359,398.
4) La entidad no registró depósitos de ingresos por valor de RD$ 10,156,018.
5) La entidad registró transferencias entre cuentas internas como ingresos por valor de RD$ 30,500,000.
6) La entidad no depositó ingresos en cuentas bancarias del Ministerio ni en la cuenta única del Tesoro por valor de RD$ 27,373,995.
7) La entidad no depositó ingresos por subastas en la cuenta del Ministerio por un valor de RD$ 96,715,366. Y realizó depósitos al Banco Nacional de la Vivienda, correspondientes al Ministerio por valor de RD$ 4,609,019.
8) La entidad no depositó ingresos propios en la cuenta única del Tesoro por un valor de RD$ 99,580,887.
9) Ausencia de soportes en expedientes de pagos por un valor de RD$ 1,928,458,043.
10) Pagos por concepto de servicios especiales sin soportes por un monto de RD$ 450,587,635.
11) Retenciones no realizadas a empleados para el Seguro Familiar de Salud (SFS) y la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) por valor de RD$ 25,879,724
12) Aportes del empleador correspondientes al Seguro Familiar de Salud (SFS); Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgo Laboral, por valor de RD$ 66,904,629.
13) Retenciones y aportes no realizados correspondientes al Seguro Familiar de Salud (SFS) y la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la nómina de jornaleros por un valor de RD$ 2,913,205.
14) La entidad utilizó un método incorrecto para la presentación de la ejecución presupuestaria consolidada, lo cual generó una diferencia respecto al método devengado por un monto de RD$ 57,833,274.
15) Desembolsos sin el debido soporte que respalde el gasto por un valor de RD$ 93,625,872.
16) Adquisiciones sin evidenciar el proceso de selección correspondiente: • Adquisiciones de alimentos y bebidas por un valor de RD$ 17,005,740. • Alquileres de equipos de transporte y construcción por valor de RD$ 29,059,502. • Contratos de alquiler de equipos por un monto de RD$ 1,549,620. • Contratos de obras por un valor de RD$ 88,992,605. • Contratos de publicidad por valor de RD$ 5,332,715.
17) La entidad registró transferencias entre cuentas internas como gastos por valor de RD$ 185,355,503.
18) Pagos de intereses que no corresponden a la entidad por valor de RD$ 1,757,163
19) La entidad pagó por concepto de imprevistos en obras un valor de RD$ 1,364,945, sin justificación.
20) La entidad presenta pagos de obras con montos superiores al volumen ejecutado por valor de RD$ 16,070,425